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Anticorrupción acusa al hermano de Ximo Puig de estafa agravada y falsedad en las subvenciones que recibió

El cerco judicial se estrecha alrededor del hermano del expresidente valenciano, que podría enfrentarse a un juicio por graves delitos.

El cerco judicial se estrecha alrededor del hermano del expresidente valenciano, que podría enfrentarse a un juicio por graves delitos.
Pedro Sánchez y Ximo Puig, en un acto público. | Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Francis Puig, hermano del que fuera presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, y a su socio Juan Enrique Adell Bover un delito de estafa agravada y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Los fiscales, además, piden al juzgado que inicia la fase de procedimiento abreviado, que es la previa al juicio oral.

La acusación se ha formulado en un escrito de 50 folios dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia firmado el pasado día 18 y al que ha tenido acceso EFE.

Sin embargo, en ese mismo documento la Fiscalía no considera constitutivos de un delito del fraude de subvenciones algunos hechos atribuidos a Francis Puig y su socio que, si bien suponen indicios de ello, como cantidades percibidas indebidamente, no superan los 120.000 euros y, conforme a la normativa penal aplicable, no suponen un delito sino una infracción administrativa.

Una denuncia del PP en 2015

La investigación judicial partió de una querella presentada por el PP y constan como investigados Francis Puig y el empresario y socio del anterior Juan Enrique Adell y las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol.

En concreto se investigan, entre otros, subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local, en unas ayudas que se habrían dado entre 2015 y 2018.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó el 18 de abril de 2023 poner fin a la instrucción de este caso, una vez finalizara la práctica de las diligencias de investigación acordadas dentro del plazo de instrucción.

El 25 de marzo de este año, el equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil remitió al juzgado instructor un informe -el último que ha salido a la luz- en el que se apuntaban varias supuestas irregularidades basadas en la presentación de facturas que no tendrían relación alguna o no se corresponderían con la actividad subvencionada por el anterior gobierno valenciano, que presidía el hermano del acusado, Ximo Puig.

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