La negociación de la investidura de Salvador Illa está abierta. Y, con ella, el bazar de peticiones de ERC a un Pedro Sánchez cada vez más atrapado y débil. Los separatistas no lo han desaprovechado y han colado la exigencia de todo un maná en la compra de votos: el manejo de los fondos con los que se premia a las ONG.
La petición de ERC a Sánchez incluye varios puntos. Entre ellos, "asignar los fondos del 0,7% del IRPF y las herencias intestadas a las Comunidades Autónomas en proporción a la población". También, "eliminar el tramo estatal de recaudación del 0,7% del IRPF, equivalente al 20%". Y, de forma adicional, "incrementar la asignación para fines sociales del 0,7% al 1% como medida para intentar acabar con el enquistamiento de la situación de pobreza, la mayor complejidad social y revertir el efecto de la inflación".
ERC señala que las "subvenciones de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades están destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad". Y que, actualmente, "en el Estado español, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (At Risk of Poverty or Exclusion, en inglés) se sitúa en el 26,5% de la población, unos 12,7 millones de personas".
ERC explica que "este porcentaje ha aumentado respecto al año 2022 exclusivamente debido al incremento de la privación material y social severa. Nos referimos a retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no poder ir de vacaciones fuera del hogar, al menos una semana al año, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos o no poder permitirse un coche o un ordenador".
ERC subraya que "el tramo estatal de la recaudación del IRPF, equivalente al 20%, es gestionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y subvenciona a las entidades del Tercer Sector de Acción Social del ámbito estatal" y que "es importante recordar que las competencias de servicios sociales son exclusivas de las Comunidades Autónomas, lo que hace bastante cuestionable la existencia del tramo estatal".
Por todo ello y "para corregir la desigualdad territorial generada por el reparto inequitativo de los recursos y que no tiene en cuenta de manera proporcionada ni el esfuerzo de los contribuyentes, ni el coste de vida ni las situaciones de pobreza objetiva, se propone sustituir el criterio de la tasa AROPE por el criterio de cuota de población con carencia material y social severa de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE" y, además, que ese dinero creciente sea gestionado por las comunidades autónomas.
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