El pasado mes de julio, en el turno de preguntas tras un complaciente balance del curso político, Pedro Sánchez tuvo que referirse a su no declaración ante el juez Peinado y a la querella presentada por la Abogacía del Estado por prevaricación. En su intento de justificar su uso de recursos públicos para defenderse, Sánchez alegó que la Abogacía había "defendido la institución del Gobierno de España", obviando el hecho de que Peinado le había tomado declaración como testigo en su condición de esposo de Begoña Gómez.
"Ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia desde 1886. No 2006, no 1996, no 1906: 1886", dijo citando la argumentación de la querella, ahora tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un auto durísimo contra la maniobra legal de Sánchez.
También tachó de "montaje" lo ocurrido en Moncloa durante la visita de Peinado, en palabras muy similares a las empleadas por Pilar Alegría: "Me pareció ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba… Absolutamente patético, bochornoso", incidió el presidente insistiendo en que su querella busca defender "la dignidad de la institución" y "la separación de poderes".
"El tiempo pondrá las cosas en su sitio y este gobierno está a lo importante; nosotros gobernamos y otros que continúen fabulando", zanjó. Unos meses después, su querella ha merecido un inmenso reproche judicial que de paso se lleva por delante la credibilidad de la Abogacía del Estado.