La idea del Gobierno es presentar en otoño su plan de "regeneración democrática" pero, además de transponer una directiva comunitaria sobre medios de comunicación, poco más se sabe. Antes de irse de vacaciones, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el Cultura, Ernest Urtasun, se reunieron con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para "recoger ideas".
Algunos de los socios, que intentaron saber más sobre el plan, les sorprendió que el Ejecutivo se presentase "a escuchar" y no les detallase nada más. Tampoco Pedro Sánchez aportó claridad en una comparecencia ante el Congreso durante el mes de julio y en el que, en principio, iba a a servir para esbozar las líneas maestras de este proyecto.
Durante estas semanas, los diferentes grupos han ido remitiendo al Gobierno sus ideas. El PNV y Bildu coinciden en renovar la Ley de Secretos Oficiales. Podemos, Bildu, ERC y Sumar piden "derogar" la llamada "Ley Mordaza". También se han recibido sugerencias para derogar "delitos de injurias" a la Corona o "luchar contra el lawfare".
Todo un cajón de sastre en el que ahora podría encajar la propuesta del fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio de la fiscalía general del Estado, Miguel Ángel Aguilar, que. aprovechando el crimen en Mocejón, propuso este martes reformar el Código Penal para que los condenados por cometer delitos de odio en las redes tengan que mantenerse baneados (es decir, sin poder acceder) y que todos los usuarios tengan que estar identificados.
El Gobierno lo avala
A los pocos minutos, se producía un aluvión de apoyos gubernamentales que trataban de enmarcar esta propuesta dentro del marco de "bulos y desinformación" que el Gobierno alienta para presentar su propuesta de "regeneración" sin que, más allá del ataque a los medios críticos, se haya concretado en algo más.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la red social X, pedía "combatir los bulos y el acoso en redes" mientras señalaba que "nos jugamos mucho como sociedad y como democracia". Unas palabras que luego amplificaban otros miembros del gabinete de Sánchez. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, pedía "perseguir" unas acciones que "solo generan odio" y con el objetivo claro de preservar unos pilares fundamentales como la "verdad y el derecho a la información veraz".
"Hay quienes han utilizado estas desgracias de manera torticera para crear odio, para generar xenofobia y racismo", criticaba la ministra. "Los delitos se deben de perseguir independientemente del lugar en el que se hayan cometido y el formato", apuntaba en un acto en Castilla la Mancha.
Desde el socio minoritario, Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, respaldaba esta estrategia e iba más allá al reprochar "a la derecha" que "aproveche cualquier tragedia para lanzar bulos racistas". Incluso culpaba al PP de estos mensajes y los relacionaba con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. "Esa xenofobia la hemos visto en el caso de Toledo, esos mensajes calan", señalaba