El Gobierno lleva tiempo alentando la idea de que puede fracturar al PP a través de sus barones regionales, utilizando para ello la financiación autonómica. En plenas críticas de los presidentes socialistas de Castilla y La Mancha y Asturias al cupo catalán, Pedro Sánchez intenta desviar el foco hacia Alberto Núñez Feijóo ofreciendo una negociación bilateral a todas las comunidades, a lo que el PP ha puesto coto con un manifiesto conjunto en defensa de la igualdad.
El texto firmado rechaza por completo el acuerdo suscrito entre PSC-ERC para entregar a Cataluña el control de la recaudación fiscal, ya que "apunta a la línea de flotación de nuestro modelo autonómico de igualdad y solidaridad". Esta actuación que se suma a las mociones que presentarán en parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones, mostrando su negativa a un pacto que, según el PSOE, pretende avanzar hacia una "España plurinacional".
El manifiesto señala que "esta colección de arbitrariedades orientadas a debilitar y desmantelar el Estado no tiene cabida en nuestro sistema democrático" y es fruto "del chantaje de unos pocos y la imposición de un gobierno nacional dispuesto a todo para conservar el poder". "Creemos en la particularidad de cada Comunidad Autónoma, pero no en la 2 desigualdad y la insolidaridad. Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios no están intentando avanzar en el Estado autonómico que nos dimos a partir de 1978, sino destruirlo y sustituirlo por un modelo confederal asimétrico", añaden.
El PP da a conocer esta iniciativa en vísperas del cónclave que Feijóo celebrará el próximo 6 de septiembre con sus presidentes autonómicos, para coordinar una respuesta conjunta al cupo catalán, tanto a nivel político como jurídico. Varias Comunidades ya han anunciado recursos en los tribunales, en una actuación a todos los niveles que recuerda a la puesta en marcha contra la Ley de Amnistía. Norma que el PP recurrirá al TC el próximo mes de septiembre.
Preguntado por la posibilidad de que cada región negocie con el Gobierno central su propia financiación, el portavoz del PP, Borja Sémper, lo ha descartado, asegurando que "nuestros presidentes autonómicos no mercadean". "Nos interesa mucho más la política de Estado que el politiqueo", zanjaba. Sémper ha reprochado al Gobierno de Sánchez buscar imponer su relato cuando "no hay ninguna fisura ni la va a haber" en el frente anunciado por el PP. "Esto no es un juego", remataba.
El Gobierno, sin rumbo
El Gobierno sigue dando muestras de improvisación con respecto al concierto catalán. La idea que deslizan ahora es que se podría extender a otras comunidades y lo enmarcan todo en una próxima negociación del sistema de financiación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó que el cupo vaya dentro de la próxima LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de Financiación de las Comunidades Autónomas) y se abrió a reconocer "singularidades". Algo que también podrían admitir a diferentes regiones.
Moncloa tiene un grave problema a la hora de reformar la LOFCA, tal y como admiten en privado en el Ejecutivo, y es que el PP tiene 11 presidencias de CCAA frente a las 3 de régimen común del PSOE (Castilla la Mancha, Cataluña y Asturias). La goleada es aún mayor si se incluye a Canarias, gobernada por Coalición Canaria pero cuya consejería de Hacienda está en manos de los populares. Así que la idea es atraer a diferentes comunidades con un nuevo modelo, o cesiones de impuestos, que les haga recaudar más. El objetivo principal es atraer a la Comunidad Valenciana, que es en estos momentos la más infrafinanciada.
Pedro Sánchez ya intentó algo similar con la condonación de las deudas de las regiones. El pacto entre PSOE y ERC para investir a Sánchez incluía la condonación de 15.000 millones de euros de los 72.000 que debe Cataluña. Moncloa ya prometió que iba a extender al resto de comunidades que lo solicitasen para así blanquear esta cesión, esperando a que Mazón cayese ya que su comunidad debe al FLA 46.000 millones y es la segunda con más deuda. El cierre de filas de Génova fue similar al actual, sin que ningún ejecutivo autonómico del PP solicitase el mismo trato que los separatistas.