El Gobierno de coalición, PSOE-Sumar, se muestra muy optimista y satisfecho con las 31 iniciativas que lleva el denominado Plan de Acción por la Democracia. Sin embargo, las medidas anunciadas están carentes de concreción y desarrollo posponiendo su impulso a un plazo máximo de tres años, es decir, el Ejecutivo Central desoye la sequía legislativa y apuesta por acabar la legislatura.
Un entusiasmo que no comparten los socios de investidura de Pedro Sánchez que afean al Gobierno su falta de precisión. Podemos ya auguró en julio, cuando tuvo lugar la última comparecencia de Pedro Sánchez en la tribuna de la Cámara Baja, que al plan de regeneración democrática le faltaría ambición. Dos meses después no han cambiado de parecer al considerarlo otro lavado de cara de Sánchez. Los morados deslizan que si no incluyen medidas como que los directivos de los medios hagan una declaración de bienes o que la ley recoja el derecho a la rectificación de bulos "este plan se va a quedar como un titular más y no podrá contar con el voto favorable" de los cuatro diputados de Podemos.
Los de Carles Puigdemont también dan por hecho que este plan va a fracasar porque, aseguran fuentes de Junts, "en este gobierno, esperanzas, las justas". Estas mismas fuentes consideran que el plan se ha quedado "en maquillaje" ya que "si tú quieres cambiar las cosas lo haces", recordando los cinco años que Sánchez lleva en el poder.
El descontento también es palpable en ERC que se ha mostrado "decepcionado" ante un Ejecutivo que se queda "en la palabrería". Unas palabras muy similares a las deslizadas por Bildu que ve el plan "insuficiente".
El Partido Nacionalista Vasco, según fuentes consultadas por LD, opta por esperar a ver "en qué se traducen exactamente las medidas anunciadas" porque denuncian que el plan "no ha sido consensuado" con el resto de grupos, advirtiendo de que el presidente Sánchez no cuenta con una mayoría parlamentaria para lanzar medidas "sin hablarlas con quienes le dan soporte parlamentario".
PSOE y Sumar han querido mostrar unidad con la presentación del plan, sin embargo ya empiezan a salir las primeras rencillas. El socio minoritario del Gobierno defiende que se van a derogar los delitos que afectan a la libertad de expresión como las injurias a la Corona, a las altas instituciones del Estado y los tipos relativos al "escarnio" de los sentimientos religiosos. Sin embargo el PSOE se ha puesto de perfil y aboga por hacer "reformas" del Código Penal. Fuentes de Sumar lamentan que el PSOE "tenga problemas para decirlo claro" aunque lo enmarcan en que es "un acuerdo marco" en el que "ahora se tendrá que hablar del contenido".
