En el Gobierno no se esperaban, o al menos fingían cierta sorpresa, al ver cómo Bildu se descolgaba este jueves y, sin previo aviso, anunciaba un acuerdo con el PSOE en lo referente a la Ley de Seguridad Ciudadana, que la izquierda ha dado en renombrar como "Ley Mordaza".
Desde hace meses, Moncloa lleva negociando con Bildu y ERC una reforma de la norma. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dirigido las negociaciones, puenteando a la cartera más implicada en este asunto: la de Interior, dirigida por Fernando Grande Marlaska. El acuerdo es verbal y ahora se tendrá que plasmar en una norma ya que la anterior proposición de ley, registrada por el PNV, decayó en la anterior legislatura.
Los partidos de izquierda, ERC y Bildu, ven con buenos ojos esta reforma pero Junts ya advierte que lo considera "insuficiente". En el Gobierno asumen que todo pasa por Carles Puigdemont y que, para cualquier aprobación, necesitan al prófugo. "Todo el foco está puesto en Junts", admitía este jueves la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Por el partido separatista pasa cualquier iniciativa y hasta la propia supervivencia del Ejecutivo. En el Gobierno se encomiendan al partido del prófugo en Waterloo para intentar sacar las cuentas. El primer paso es la aprobación del techo de gasto. Moncloa decidió hace unos días, retrasar sine die la votación para evitar una derrota y, desde ese momento, las negociaciones se han incrementado. El objetivo es tratar de mover a Junts al voto favorable y celebran que ahora "esté dispuesto a hablar", tras el portazo de este verano al ver cómo se investía al socialista Salvador Illa al frente de la Generalidad.
En el núcleo duro del Gobierno ya asumen que, si hay acuerdo, tendrán que modificar el techo de gasto que aprobó el Consejo de Ministros a principios de septiembre. Para poder hacerlo, Hacienda tendría que convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras cambiarlo para asumir las exigencias de Junts, se remitiría de nuevo al Congreso.
Es decir: el mejor barómetro de cara a un pre-acuerdo será ver si se modifica la actual senda tras una reunión del CPFF. De momento, no hay fecha límite pero esperan que la fumata blanca sea antes de diciembre. En el PSOE esperan como agua de mayo, o más bien de octubre, el Congreso interno que Junts celebrará a finales de este mes en Calella (Barcelona) para ver la nueva dirección del partido separatista.
Cesión del 100% del IRPF
La otra baza con la que el Gobierno cuenta para atraer a ERC y Junts, dos de los socios más complicados, es la financiación de Cataluña y la gestión del concierto económico que el PSC pactó con Esquerra a cambio de investir a Salvador Illa
La incomodidad del PSOE con este acuerdo es evidente. El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, lamentaba tras su encuentro con Sánchez este viernes en La Moncloa que "es un concierto como la copa de un pino". Sectores socialistas críticos con la dirección siguen sin rebajar su oposición y dicen que el acuerdo se trata de "un chantaje" y que "es lo que parece".
El Ejecutivo sigue sin desvelar todo su plan pero ya advierte que, si hay Presupuestos, en 2025 se aprobaría la cesión del 100% del IRPF a Cataluña, una medida que entraría en vigor en 2026. "Vamos paso a paso", aseguran fuentes del Ejecutivo que advierten a los separatistas que "primero necesitamos Presupuestos". La idea de Moncloa es ver cómo se ejecuta esta cesión para, a continuación, pasar a la "gran totalidad de los impuestos".
En el Gobierno creen necesario tocar la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades autónomas, para hacer posible todos estos cambios y aquí, de nuevo, necesitan a Junts ya que para sacar adelante una ley orgánica necesitan mayoría absoluta y no vale con una simple.