Era julio de 2018. La Fiscalía "de quién depende, pues ya está" aún no había podido actuar por motivos obvios -la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa se celebró en junio de 2018-. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó un auto decisivo sobre el ‘caso Defex’. Y se abría la puerta para jugar a 27 personas investigadas y a las sociedades Defex, Comercial Cueto 92 SL y Global Reach S.A. Comercial Cueto era de los Cueto, los vinculados al caso Koldo-PSOE por medio de la principal empresa del escándalo: Soluciones de Gestión, sociedad que a su vez contrata con las de Víctor de Aldama, contacto de Begoña Gómez con Globalia.
El magistrado les atribuyó delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización y grupo criminal, todo ello en relación con el presunto desvío y apropiación de fondos de la empresa pública Defex en contratos de suministro de material policial para Angola.
La pieza investigó los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el Comando general de Policía Nacional de Angola, sellado el 12 de junio de 2008, de suministro de equipamientos y material policial, por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6 por ciento) y el beneficio obtenido de casi 94 millones (61,3 por ciento).
Casi un año después, el juez abrió juicio oral a Defex y a su excúpula directiva por los contratos de material policial con Angola -aún no se he zanjado el caso-. Lo hizo por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita/organización y grupo criminal.
Y la nota oficial del Consejo General de Poder Judicial dejó constancia de varios hechos: "El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a la empresa pública Defex, a otras dos sociedades y a 24 personas físicas, entre ellas la excúpula de la entidad, por el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola. El magistrado reprocha a la Fiscalía y Abogacía del Estado que el criterio esgrimido para exonerar por delito fiscal a Defex conduce a la impunidad penal".
Pero llegó un sonoro y llamativo tirón de orejas a la actuación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ahí ya sí, controladas tras un año de gobierno de Sánchez: "Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado finalmente no han formulado acusación por delito fiscal contra Defex S.A., a pesar de que admiten dos defraudaciones fiscales en la mercantil respecto al Impuesto de Sociedades de 3.337.567 euros (ejercicio 2008) y 2.706.710 euros (ejercicio 2009)".
El resumen del CGPJ añadía que "de ello se derivarían mayores bases imponibles que tendrían que haberse declarado respecto a este impuesto por importe de 11.125.226 euros en el ejercicio de 2008 y 9.022.368 en el de 2009, es decir, cifras muy superiores a los 120.000 que determinan la relevancia penal". Y que "a pesar de esta "rotunda evidencia —señaló el juez en su escrito— ni el Fiscal ni el Abogado del Estado formulan acusación por esta defraudación fiscal" por lo que el magistrado lamenta que sin acusación por este delito, no es posible abrir juicio oral por estas reprochables conductas, por una interpretación que el instructor hace constar que no puede admitir y más aún cuando se trata de una empresa de mayoría de capital público".
De la Mata fue a más en su reproche y destacó que "paradójicamente la Abogacía del Estado dedica buena parte de su escrito de acusación particular a defender a Defex S.A.: "Argumenta que, por razones de consolidación fiscal, Defex S.A. no es sujeto pasivo del impuesto de sociedades, por serlo la entidad dominante SEPI e integrarse sus bases imponibles en la base imponible de SEPI. Como SEPI contaba con bases imponibles negativas a compensar, Defex S.A. no dejó de ingresar en la Hacienda Pública cuotas superiores a 120.000 euros".
"Con este criterio establecido por las acusaciones, el magistrado lamenta la situación de impunidad establecido para Defex: "un paraíso penal, una situación de absoluta impunidad: barra libre para las prácticas defraudatorias fiscales de los administradores de la sociedad mercantil. Según el criterio de la Fiscalía y Abogacía del Estado, añade el juez, no hay responsabilidad penal "pese a que consciente y voluntariamente, han ejecutado, siempre en apariencia, toda clase de maniobras defraudatorias en el ámbito tributario para alterar las bases imponibles correspondientes a la mercantil en las cantidades antes indicadas".
Para de la Mata, el asunto resultó " aún más reprochable" si se tiene en cuenta , además, que "el efecto deseado y directo de las maniobras investigadas fue derivar las cantidades presuntamente defraudadas a la comisión de delitos, "o a los propios bolsillos de los administradores" por lo que el juez concluye que deberían por tanto responder penalmente de esas cuotas tributarias, "sin perjuicio de que con posterioridad, por aplicación de determinadas normas aplicables a los grupos que consolidan sus cuentas a efectos fiscales, SEPI debiera o no realizar pagos tributarios".
Por todo ello, "el juez hace constar que no puede compartir la interpretación de la norma en cuya virtud los administradores de las sociedades dependientes de grupos consolidados no cometen delito fiscal, pese a la existencia de bases imponibles cuantiosas y de cuotas positivas porque, "al final, la sociedad matriz, en este caso SEPI, no debiera ingresar cantidad alguna al Tesoro en concepto de cuota por el Impuesto de Sociedades".
Lo cierto es que esa interpretación rebajó un caso donde aparecía ya el rastro de los Cueto, ahora implicados con otra sociedad en el caso Koldo y en directa relación con Víctor de Aldama, el contacto de Begoña Gómez.