En Moncloa no ha gustado el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que rechazan por unanimidad la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado. Fuentes del Gobierno, en un inusual comunicado, arremeten contra los magistrados y sentencian que "discrepamos de sus razonamientos jurídicos y de su argumentación".
En Moncloa no ocultan su malestar con algunos párrafos del auto. El durísimo varapalo del TSJM descalifica la querella que presentó la Abogacía del Estado por orden del presidente del Gobierno. Los magistrados tildan la denuncia de "carácter especulativo" y del "prejuicio que destila la misma" y creen que "obedece" al intento de "tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado".
También hay una mención velada a la moción de censura que parece que no ha gustado en el Gobierno. Los magistrados Celso Rodríguez y José Goyena hablan de "influencia" que "pueden tener algunas resoluciones judiciales en el devenir político de un país".
Moncloa admite su "sorpresa" con "algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto". En un intento por defender la querella archivada, fuentes del Ejecutivo añaden que la intención de la Presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado era "únicamente pretende preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución" y "ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal".
Defienden la querella rechazada
Los magistrados, en su auto, instan a Sánchez, como poder del Estado, a " acatar y cumplir las resoluciones cuando estas alcancen firmeza". En Moncloa responden que, en su denuncia contra Peinado, se advertía que "el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno" era "convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial". Una sospecha que creen que "se ha revelado cierta" ya que esta declaración "fue filtrada a numerosos medios de comunicación".
Moncloa arremete además contra "la derecha ultra y la ultraderecha" a los que acusa de "envenenar la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares". Es decir: compran el marco de lawfare y acusa de connivencia a los jueces con "los ultras".
"Nuestra obligación como Gobierno es, como siempre, defender la legalidad, el Estado de Derecho y las Instituciones", afirman estas fuentes de Moncloa a la vez que "esperan" que "lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra".