Las comparecencias de Teresa Ribera en el Congreso y el Senado para explicar su gestión de la DANA apenas sirvieron para que la ministra de Transición Ecológica desviara toda su responsabilidad hacia Carlos Mazón y no asumiera ni un sólo error por lo ocurrido. Al concluir su intervención en el Parlamento, cuando ya no había posibilidad de réplica, hacía una supuesta revelación sobre el 29 de octubre.
Según dijo en la tribuna de oradores del Congreso, no sabe qué ocurrió en el CECOPI, el gabinete de crisis creado para la ocasión, "entre las 18.00 y las 19.00" porque "la pantalla" por la que estaban interviniendo por teleconferencia "pasó a negro". "Las personas que representaban a Delegación del Gobierno, AEMET y CHJ no pudieron participar en ese debate que estaba teniendo lugar", añadió.
A pesar de lo relevante de tal información, la ministra no había relevado hasta ahora este incidente, cuando ya han transcurrido más de tres semanas desde la catástrofe. Ribera sugirió incluso que la reunión fue suspendida durante ese tiempo y ya que las entidades dependientes de su ministerio no pudieron participar, obviando que, de ser cierto, existen infinidad de sistemas de comunicación para poder contactar con los integrantes del CECOPI.
La respuesta del gobierno valenciano
Fuentes del gobierno valenciano consultadas por Libertad Digital niegan tal extremo y aseguran que la reunión de este organismo comenzó a las 17.00 y "no se canceló en ningún momento". "Los técnicos y representantes de las distintas administraciones que estaban de forma presencial realizaron un seguimiento permanente y una recopilación de datos e información continua. Sostienen que únicamente hubo un breve receso en el que la conexión por videoconferencia nunca se cortó, se mantuvo abierta en todo momento", aseguran.
"Resulta improcedente que se pretenda ensuciar y denostar el honesto trabajo de los miembros del CECOPI con el objetivo de descargar la responsabilidad que tenía la Confederación Hidrográfica del Júcar", trasladan desde el gobierno valenciano, donde aseguran que es "sorprendente que precisamente sean las entidades que no estaban físicamente las que se atrevan a asegurar que la reunión se canceló" y lo atribuyen a un intento por descargar sus responsabilidades sobre lo ocurrido.