La baja tributación, la colaboración con matices en materia judicial -como están experimentando ya los agentes de la UCO enviados a República Dominicana- o la opacidad financiera son parte de los atractivos de este país a ojos de las tramas. Y, obviamente, también de la trama socialista. Pero hay un factor más muy delicado en los casos que investiga la Justicia española: una extradición con obstáculos políticos que se obtiene al tener la nacionalidad dominicana. Y esa condición se salva con una inversión mínima de tan sólo 200.000 dólares. La UCO teme que este factor esté en la mente de algunos de los integrantes de la trama como refugio de emergencia.
Las posibilidades de extradición entre República Dominicana y España están recogidas en el Instrumento de Ratificación de 24 de febrero de 1984 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre España y la República Dominicana, firmado en Madrid el 4 de mayo de 1981.
El Título Primero recoge expresamente las posibilidades de activar el mecanismo de extradición: "Artículo 1. Las Partes contratantes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en los artículos siguientes, los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un hecho punible cometido en su territorio o sobre el que el Estado requirente tenga jurisdicción". Por lo tanto, mandan las reglas determinadas. ¿Y cuáles son esas? Carlos Cuesta las explica en su programa