ChatGPT entra en cólera con la supuesta destrucción de pruebas del Fiscal General: "Pone en peligro al sistema"

La posible destrucción de pruebas por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que podría haber borrado los mensajes de su teléfono móvil para ocultar evidencias de la supuesta filtración de datos –por la que se encuentra imputado— de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho plantearse a los expertos jurídicos qué repercusión tendría este paso adelante en su autoprotección para la Justicia Española.

Por ello, aunque Libertad Digital tiene en cuenta la opinión de verdaderos asesores jurídicos que ofrecen su conocimiento y su opinión a diario, la curiosidad por conocer la valoración que ChatGPT haría sobre este supuesto ha sido suficiente para realizarle a esta Inteligencia Artificial (IA) la siguiente pregunta: "¿Cómo se puede valorar el hecho de que el fiscal general del Estado destruya pruebas?". A esta, la IA ha respondido de manera tajante con absoluto rechazo a la idea de que un fiscal general pueda cometer semejante acción. "Pone en peligro la integridad del sistema judicial", ha sentenciado.

La respuesta completa

"El hecho de que un fiscal general del Estado destruya pruebas es un acto extremadamente grave que pone en peligro la integridad del sistema judicial y la confianza pública en las instituciones. Aquí algunos puntos para analizar la situación:

1. Violación de la Legalidad

• Destruir pruebas es, en muchos sistemas legales, un delito en sí mismo, ya que obstruye el curso de la justicia.
• El fiscal general, como máximo representante del Ministerio Público, tiene el deber de garantizar el cumplimiento de la ley y actuar como guardián de la legalidad. Si este cargo comete tal acción, no solo infringe la ley, sino que traiciona sus responsabilidades fundamentales.

2. Impacto en los Procedimientos Judiciales

• La destrucción de pruebas puede desvirtuar investigaciones, perjudicar la capacidad de obtener justicia y permitir que culpables queden impunes o inocentes sean condenados injustamente.
• Genera un precedente peligroso para que otros actores del sistema judicial puedan cometer actos similares sin temor a las consecuencias.

3. Daño a la Confianza Pública

• La ciudadanía confía en que el Fiscal General actuará con imparcialidad y ética. Un acto de este tipo socava la confianza en las instituciones, alimenta la percepción de corrupción y fomenta el escepticismo hacia el Estado de derecho.

4. Consecuencias Políticas y Sociales

• En muchos casos, actos como este derivan en crisis institucionales, renuncias o destituciones, y en algunos países incluso generan movilizaciones sociales masivas.
• La destrucción de pruebas también puede estar vinculada a encubrimientos de corrupción, abuso de poder u otras irregularidades que afectan al Estado.

5. Acciones Requeridas

• Investigación independiente: Se debe establecer un proceso de investigación imparcial, generalmente por un organismo ajeno a la oficina del fiscal.
• Sanciones legales: Si se demuestra culpabilidad, el fiscal general debe enfrentar consecuencias penales y administrativas.
• Transparencia y reformas: Es fundamental que se refuercen los mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar que estos actos se repitan.

En resumen, la destrucción de pruebas por parte del Fiscal General no solo es un acto ilegal, sino que representa un ataque directo al sistema judicial y al Estado de derecho. La respuesta ante tal acción debe ser firme y transparente para restaurar la confianza en las instituciones".