Hay un argumento recurrente en el PSOE para descalificar la investigación contra Begoña Gómez y es la de descalificar la investigación porque la denuncia se basaba en "recortes de prensa". Lo mismo sucedió cuando el PP presentó una querella contra el PSOE por financiación ilegal basándose en una entrevista, por entonces anónima, a una persona que decía haber llevado una bolsa con dinero a Ferraz. Ahora, sabemos que esa persona era la empresaria Carmen Pano.
Lo sorprendente es que este jueves, el PSOE anunció que había registrado ante la Fiscalía una denuncia contra Vox por financiación ilegal. Lo llamativo ya no es sólo su contradicción sino el cambio de estrategia. Los socialistas nunca han buscado la confrontación con Vox salvo en periodo electoral.
Durante todo el año, optaban por ignorarlos y sólo buscaban el cuerpo a cuerpo unas semanas antes de ir a votar. Una forma sibilina de darles foco para que el PP lo perdiese y, de paso, algunos cuantos escaños. Hasta ahora, las únicas querellas que habían presentado contra Vox era por delitos de odio y que no tuvieron más recorrido ya que los juzgados les han amparado en aras de la libertad de expresión.
Todo cambia con la querella ante el Ministerio Público por financiación ilegal y que podría ser admitida aunque lo cierto es que las noticias a las que se remiten no son nuevas y ya tienen varios meses. En el caso de la entidad afín a al presidente húngaro, Víctor Orban, que les concedió un suculento crédito, ya trascendió en septiembre y hasta el partido de Abascal lo admitió.
Ahora, en Ferraz reconocen que este préstamo infringiría nuevamente la normativa de financiación, que prohíbe la financiación de partidos políticos por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos.
Ábalos y la nueva conspiración
A la vez que el PSOE denunciaba a Vox, quizás como vendetta por la actividad del partido de Abascal al estar como acusación particular en el caso Koldo, el exministro José Luis Ábalos denunciaba a la UCO por "investigarle ilegalmente" al abrir "comunicaciones privadas" a un "aforado". La querella, registrada también ante la Fiscalía, la anunciaba solo 24 horas después de que el juez del Tribunal Supremo que lo investigaba solicitara a la Cámara Baja un suplicatorio para levantar su inmunidad parlamentaria y proceder judicialmente contra él.
Ábalos, en un claro contraataque, aprovechó su comparecencia para dar detalles de la denuncia, e instó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a investigar si se llevó a cabo alguna investigación fuera de los procedimientos legales establecidos. Además, hizo hincapié en el pacto entre la Fiscalía Anticorrupción y el empresario Víctor de Aldama, que, según él, tenía como objetivo atacar al Gobierno. Frente a esa unión parece surgir una nueva triangulación entre Ábalos-PSOE y Koldo para desacreditar al "nexo corruptor" y a la UCO.
Ábalos sostiene que "los hechos son de suma gravedad, por cuanto, vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones dado que yo era el destinatario de dicha documentación y nunca consentí el que se abriera dicha documentación".
Incluso hablaba de defensa de los "derechos fundamentales" pero, más allá de la denuncia, se trata de un movimiento que parece querer apartar a los responsables de la investigación y blindarse ante algún posible nuevo informe de la UCO. Ábalos instaba a que el Ministerio del Interior le informe si ha existido alguna investigación policial sin control judicial. Ahora queda por qué responde Marlaska.