Ocaso y esperpento del chiringuito de la república de Puigdemont: Comín quiere ser presidente

Toni Comín no se arruga. Después de que una auditoría revelara que había utilizado fondos del Consell de la República para gastos personales (vacaciones con Lluís Llach a bordo de un velero, alquiler de una casa en el sur de Francia y pagos de un apartamento en Bélgica, entre otros), Comín ha decidido presentarse a las elecciones para la presidencia de la entidad, que se celebrarán entre el 8 y el 12 de febrero.

La auditoría de las cuentas del Consell causó una grave crisis en la entidad porque desveló además que estaba totalmente tiesa a pesar de que su impulsor, Carles Puigdemont, presume de tener casi cien mil socios de pago. En ese contexto, las sospechas sobre el destino de 15.000 euros en manos de Comín propiciaron la dimisión en bloque de la directiva de la entidad. Previamente había dejado la presidencia Puigdemont porque ese cargo es incompatible con el liderazgo orgánico en Junts.

Así las cosas no quedaba más remedio que hacer tabla rasa y convocar elecciones. Pero la sorpresa ha saltado con el anuncio de Comín de optar a la presidencia. La situación política del que fuera exconsejero con ERC y ahora dirigente de Junts es muy compleja. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se niega a concederle la acreditación como eurodiputado porque no ha jurado la Constitución. Dadas las circunstancias, Comín, que fue el cabeza de lista de Junts en las europeas en sustitución de Puigdemont, pretende heredar también de su protector el cargo en el "Consell".

Ampliar la red "diplomática"

A tal efecto ha asegurado en un comunicado que se propone "fortalecer y ampliar –con el objetivo de doblar– la actual red diplomática. Ahora que la red de delegaciones en el exterior de la Generalidad está al servicio del unionismo y su narrativa, nuestra red diplomática republicana tiene más recorrido que nunca".

Pero no sólo aspira a redoblar el fantasmal aparato "diplomático" de la entidad sino que promete "garantizar la independencia del gobierno del Consejo respecto de cualquier partido u organización para que exprese de manera bien clara la transversalidad del movimiento independentista". Para lograr tal prodigio dice que en el gobierno del Consell "sólo podrá haber un 25% de personas que también sean cargos públicos o miembros de la dirección de los partidos políticos".

La auditoría de las cuentas del "Consell" puso de relieve que el organismo se sostenía en dos sociedades radicadas en Bélgica que contribuyen a financiar los gastos de Puigdemont y el alquiler de la "Casa de la República", la mansión del prófugo en Waterloo.

Concebida como una especie de Generalidad paralela que detentaba la "legalidad" del 1-O, el Consell fue torpedeado desde su fundación por ERC y la CUP, que se negaron a involucrarse en los planes de Puigdemont. De ahí que se convirtiera en un reducto de independentistas de ERC y la CUP castigados por sus partidos y de miembros de Junts y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).