Eso que los independentistas llaman "l'exili" de los prófugos Carles Puigdemont y Toni Comín parece un pozo sin fondo de noticias contradictorias. Comín, vicepresidente del fantasmal Consejo de la República, no ha justificado gastos por un importe de 15.530 euros, según una auditoría encargada por la propia entidad a Senior Auditing SL.
El informe señala gastos relativos a una multa de tráfico por importe de 363 euros, el alquiler de un vehículo durante quince días por 1.997,35 euros, el alquiler de un apartamento durante quince días por 2.562 euros, 4.608 euros destinados al pago de los impuestos del apartamento en el que vive Comín en Lovaina y retiradas en efectivo por un total de 6.000 euros. Se trata de gastos de 2023 que Comín intenta justificar en función de su cargo en la entidad. Así, todos esos apuntes tendrían que ver con viajes al sur de Francia para mantener reuniones de trabajo.
El informe recoge la versión de Comín sobre la naturaleza laboral de esos gastos, todo viajes al sur de Francia (la Catalunya Nord de los independentistas) para actos políticos y gestiones en representación del Consejo de la República. Sin embargo el auditor le reprocha que "debería existir un acta del Consejo en la que se apruebe la realización de estos viajes, susceptibles de ser considerados de carácter personal".
Pero la auditoría, desvelada por el digital independentista El Món, también consigna gastos injustificados que no pueden atribuirse a la actividad viajera de Comín. Las retiradas de efectivo o el pago de impuestos en Lovaina son algunos de esos gastos. La explicación de Comín es que esos 10.608 euros en total son su parte en el reparto de los fondos de una cosa llamada "Defensa Exili", una especie de bote nutrido en teoría con generosas donaciones anónimas a Cat Global, la entidad que aglutina el entramado de Puigdemont en Bélgica. En cambio la auditoría indica que a Puigdemont, Comín y Lluís Puig, el más breve consejero del gobierno golpista, les corresponden 6.338,10 euros por cabeza, no los más de diez mil que se llevó Comín.
Destaca que en esa partida, la de "Defensa Exili" no esté incluida Clara Ponsatí, que rompió con sus compañeros a principios del año pasado con veladas denuncias sobre los tejemanejes en el Consejo de la República.
En velero con Lluís Llach
Ya en 2022 se acusó a Comín de haber utilizado fondos del Consejo de la República para pagar el alquiler de un velero para recorrer la Costa Azul en unas vacaciones familiares con su pareja e hija en la que también estuvo el actual presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach.
El descontrol alimenta las sospechas sobre los fondos que nutren la estructura organizada por Puigdemont en Bélgica, desde la "Casa de la República", su residencia en Waterloo, hasta el Consejo de la República y ese Cat Global encargado de la gestión de los fondos. La Generalidad le paga a Puigdemont una oficina como expresidente de la que es responsable Josep Lluís Alay. También le puso coche, pero no escolta oficial, aunque es notorio que Puigdemont goza de protección gracias a mossos d'esquadra afectos al separatismo. Además, recibe el sueldo de diputado en el Parlamento catalán.
Más compleja es la situación de Comín, al que el Parlamento Europeo se niega a reconocer su condición hasta que no jure o prometa la Constitución presencialmente en el Congreso de los Diputados. La presidenta de la cámara europea, Roberta Metsola, se ampara en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que indica que para adquirir la condición de eurodiputado se deben de cumplir los requisitos electorales del país de origen. De modo que Comín no cobra como eurodiputado al no haber podido acreditarse.
Esas dificultades de Comín y los ingresos oficiales de Puigdemont contrastan con el despliegue de medios del que ha hecho gala el llamado "exilio" de los independentistas.
