La Generalidad de Cataluña, presidida por Salvador Illa, continúa con su cruzada lingüística de desprecio al español e imposición del catalán en todos los ámbitos. Ahora, Illa y su gobierno enfrentan una complicación, y es que una sanitaria ha demandado a la empresa hospitalaria dependiente de la Generalidad al ser vetada "injustamente" por una exigencia lingüística "excesiva y eliminatoria".
Según ha revelado El Mundo, Rosa Cochachi es una de los 212 sanitarios a los que el Institut Català de la Salut (ICS) ha negado una plaza fija por no haber acreditado suficiente nivel de catalán. No es el primer caso ni el último, ya que todos los agentes públicos que no son catalanes tienen que lidiar con un obstáculo considerable, el requisito lingüístico.
En los últimos años, la sanitaria se ha presentado a cuatro convocatorias para acceder a una plaza estable y ha sido excluida por su "insuficiente" nivel de catalán. Conviene reparar en que la auxiliar de enfermería había superado los diferentes exámenes en los que certificó las aptitudes necesarias para llevar a cabo su labor.
Dicho de otro modo, la sanitaria ha suspendido la oposición únicamente por no disponer del B1 de catalán. Actualmente, Rosa cuenta con un nivel A2, y es que ha experimentado difíciles circunstancias personales, como el cuidado de su hijo con un 82% de discapacidad y la atención a su madre hasta 2019.
La sanitaria se defiende de la Generalidad afirmando que nunca ha tenido problemas con los pacientes por el idioma. "Entiendo el catalán, pero hablarlo me resulta complicado por vergüenza y nervios", detalla Rosa.
"Bajeza moral de la Generalidad"
Igual que Rosa, otros compañeros emprenderán acciones legales contra la Generalidad por este veto que afecta a 212 sanitarios. Diferentes sanitarios se han posicionado en favor de los profesionales excluidos por el gobierno de Salvador Illa: "Es difícil de defender por parte de la Generalidad que una persona que ha desarrollado bien su trabajo durante 11 años quede ahora excluida por el catalán".
Otros también cargan contra Illa: "Es una bajeza moral que la Generalidad considere que un buen profesional deje de serlo por un tema estrictamente político cuando trabaja e interactúa con pacientes y compañeros siempre bien".
