La particular cruzada del Gobierno contra las acusaciones populares no solo dificultaría la lucha contra la corrupción y perjudicaría a las víctimas del terrorismo, sino también a las víctimas de violencia de género. Así lo denuncia la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que advierte de que, al limitar dicha figura, se impedirá que comunidades autonómicas e incluso el propio Ejecutivo central puedan personarse en defensa de sus derechos, algo que, a su juicio, "podría atentar contra del derecho constitucional a la acción popular".
En un durísimo comunicado, las feministas se suman así a las innumerables críticas que el presidente del Gobierno ha recibido en los últimos días. "Introduce drásticas limitaciones a la acusación popular que dificultarán la persecución penal de los delitos de violencia de género, comprometen la libertad ideológica de las juezas y magistradas, y asestan un golpe al activismo feminista", resumen.
Por qué desprotege a las víctimas
Según explican, al menos once comunidades autónomas incorpora ya en sus leyes la obligación de ejercer la acusación popular en casos de muerte o incapacidad de las víctimas de la violencia de género. Sin embargo, la Proposición de Ley del PSOE echaría al traste dicha posibilidad, lo que, a su juicio, "tendrá nefastas consecuencias" para las mujeres, al dejar en el aire el derecho a la tutela judicial efectiva.
"La acusación popular se considera fundamental para perseguir delitos cuando la víctima no puede o no quiere hacerlo, asegurando así que no haya impunidad para los agresores", argumenta la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que recuerda, además, que las medidas ahora impulsadas por el Gobierno chocan de lleno con el mismo "Protocolo de Condena y Repulsa" anunciado por los Ministerios de Igualdad y Política Territorial el pasado mes de noviembre, que incluso planteaba que el Gobierno central pueda actuar como acusación popular si las comunidades no lo hacen.
La expulsión de jueces y asociaciones
Por otro lado, las feministas se suman a quienes, desde otros sectores, denuncian que la reforma cercena la libertad de expresión de los jueces, al expulsar de los procesos a quienes hayan opinado públicamente sobre determinados temas o hayan tenido contacto con instituciones o personas relacionadas con los mismos. Y van más allá: "La nueva redacción podría utilizarse para eliminar a juezas o jueces con una perspectiva feminista, lo que compromete los derechos constitucionales a la independencia judicial, la libertad ideológica y la libertad de expresión. Esto podría desembocar en juicios menos sensibles a los matices de la violencia de género, afectando la imparcialidad y comprensión de estos casos".
De la misma manera, también se ven aludidas por la modificación del Artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que busca que no puedan ejercer la acción popular asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos. Según defienden dicha consideración "es demasiado amplia y vaga" y, por tanto, "podría interpretarse de manera que excluya a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, argumentando una supuesta afinidad política", lo que, según defienden, "limitaría la capacidad de las asociaciones de mujeres para actuar en defensa de las víctimas cuando el Estado o las comunidades autónomas no lo hagan".
Hablarán con el PSOE
Con todo, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres concluye que "esta propuesta de ley, en su forma actual, representa un retroceso significativo en la lucha contra la violencia machista en España, al restringir la capacidad de intervención legal y socavar la independencia judicial, poniendo en riesgo no solo la justicia para las víctimas, sino también derechos y libertades fundamentales que deberían ser pilares de nuestra democracia".
Así, las víctimas consideran "imperativo que se reconsideren estas medidas para asegurar que la protección de las víctimas no se vea comprometida", por lo que aseguran que se dirigirán al Grupo Parlamentario Socialista para recordarle que "poder incoar un proceso penal sin ser el afectado directo por el delito, es, particularmente en los casos de violencia machista, una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva".