Las investigaciones de la UCO han confirmado a ojos de la Fiscalía Anticorrupción una doble implicación en la licencia concedida a Villafuel, la sociedad protagonista del caso Hidrocarburos que recurrió a la trama para lograr ese permiso para operar.
Anticorrupción da por confirmados dos hechos: el primero que la citada empresa logró la consideración de operador al por mayor de productos petrolíferos el 15 de septiembre de 2022 por autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un departamento que comandaba en el momento de los hechos Teresa Ribera, actualmente vicepresidenta de la UE.
Y el segundo, que esa licencia se concedió tras acreditase una serie de exigencias legales que pasaban por el Ministerio de Industria, comandado en aquel momento por la actual líder municipal del PSOE en Madrid, Reyes Maroto. Y ambos ministerios, según las denuncia de Víctor de Aldama, fueron contactados por la trama con el fin de lograr la licencia en cuestión.
"Actividades de distribución al por mayor"
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción explica que "la sociedad VILLAFUEL SL tiene la consideración de operador al por mayor de productos petrolíferos, desde el 15 de septiembre de 2022, de acuerdo con el listado publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)" y que "dicha condición se obtiene mediante autorización por parte del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras la acreditación de
una serie de capacidades recogidas en el Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto regulador de las actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas, de carburantes y combustibles petrolíferos".
La Fiscalía añade que "esta condición de operador al por mayor de productos petrolíferos facultó a Villafuel SL a suscribir un contrato de servicios logísticos con la sociedad Compañía Logística de Hidrocarburos CLH SA, actualmente se denomina Exolum Corporation SA SA (Exolum), que actúa como depósito fiscal.
Maroto salpicada
Por lo tanto, Ribera concedió la licencia, pero no fue la única implicada. ¿Por qué? Pues por la redacción del Real Decreto 2487/1994. Y es que esa norma recoge en su anexo el funcionamiento del Registro de Operadores y Registro de Distribuidores: "Todo operador así como todo distribuidor figurará inscrito en el correspondiente Registro de Operadores o Registro de Distribuidores que a este fin se crean en la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía". El del Ministerio de Maroto por aquellas fechas.
¿Y cómo se entra en ese registro? Pues cumpliendo una "obligaciones generales de los operadores: los operadores quedan obligados a cumplir las instrucciones dictadas por el Ministerio de Industria y Energía respecto de sus instalaciones y mantenimiento, seguridad, calidad de los productos y facilitación de información, así como las condiciones que este Ministerio establezca para la aprobación, revisión y ejecución de su plan de aprovisionamiento. Quedarán obligados igualmente a atender los suministros prioritarios que se señalen por razones de estrategia o dificultad en el abastecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 34/1992, de Ordenación del Sector Petrolero".
Obligaciones del Ministerio de Industria
Y entre esas obligaciones figuran tres muy concretas: "Deberán facilitar toda la información sobre mercados y cantidades adquiridas o distribuidas, con la periodicidad que establezca el Ministerio de Industria y Energía". Asimismo, "vendrán obligados a declarar al Ministerio de Industria y Energía la relación de distribuidores minoristas mediante suministros directos o en instalaciones de venta al público a los que abastezcan".
Y los operadores "sólo podrán realizar suministros a instalaciones receptoras que reúnan las condiciones técnicas, de seguridad y medioambientales normativamente establecidas. La responsabilidad, en su caso, por los suministros realizados a instalaciones no aptas para recibirlos corresponderá al operador. El operador podrá exigir los permisos y autorizaciones, que acrediten el cumplimiento de la normativa sobre instalaciones, seguridad industrial y medioambiente aplicable, quedando, en caso de obtenerlos, liberado de responsabilidad sobre la adecuación de las instalaciones receptoras". Por ello, todas esas obligaciones debe controlarlas Industria.