De las narcolanchas a las gasolineras flotantes: la Guardia Civil alerta de que la droga ya es estructural en Andalucía

En septiembre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió acabar con el OCON-Sur, el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico nacido en noviembre de 2018 en el seno de la Guardia Civil. El organismo contó con 150 guardias civiles destinados en comisión de servicio y se acabó extendiendo a toda Andalucía. Su eficacia era más que constatable: consiguió desarticular a los principales clanes de la droga con un total de más de 10.000 personas detenidas. Y logró la incautación de más de 1.400 toneladas de droga.

Pero aquello acabó. El Gobierno, sin explicación alguna estructural, desmanteló la unidad en medio de un obsceno acercamiento a Marruecos. Y ahora la Guardia Civil de que el negocio de la droga se hace estructural. Y que la infraestructura con la que cuenta se ha disparado.

JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha vuelto a alertar sobre la proliferación de redes de petaqueros en Andalucía, al albur del aumento del narcotráfico. Los petaqueros son gasolineras móviles y flotantes que dotan de combustible a las narcolanchas.
Este fenómeno está generando un grave problema en provincias como Cádiz y Huelva, donde estas embarcaciones entran y salen del puerto con impunidad para proveer de combustible a las narcolanchas que permanecen en alta mar. Para ello utilizan tanto embarcaciones pequeñas, como las propias embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.

Narcogasolineras

Así, Chiclana y el río Guadalete se han convertido en las ‘narcogasolineras’ de Cádiz. Y lo mismo ocurre en Huelva. El desplazamiento de las rutas de droga desde Algeciras -debido a la presión policial aún existente allí- al resto de puertos de Cádiz y Huelva, así como al Guadalquivir en Sevilla, está detrás del incremento de esta actividad.

"El problema va en aumento y se pueden avistar a cualquier hora del día y de la noche. La falta de medios y personal de los que disponemos es conocido por los narcotraficantes y ante esta situación se desenvuelven con total descaro. La alarma social es grande, porque no es difícil ver lo que está sucediendo. Existe una brecha significativa en la legislación actual y a todas luces la legislación vigente es insuficiente para abordarlo con eficacia", señala Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.

Un problema que Gibraltar ya atacó en 2021

Uno de los escollos pasa por el hecho de que el transporte y almacenamiento de gasolina -en ciertas cantidades- no está tipificado todavía como delito, por lo que actualmente es difícil de demostrar que ese combustible esté destinado al suministro de narcolanchas. Un problema que Gibraltar ya atacó en 2021, con la reforma de la Petroleum Act.

Hace dos años que JUCIL viene solicitando tipificar este delito en el Código Penal, pero no ha sido hasta diciembre cuando se ha aprobado en el Senado una proposición de ley que contempla que los petaqueros puedan ser condenados con hasta ocho años de cárcel. La norma aún no esté en vigor ni está claro que vaya a superar todos los trámites.

JUCIL ha pedido ya agilizar la aprobación de esta reforma, que ahora debe pasar al Congreso de los Diputados. "Este año volveremos a ver tristes cifras récord, si no se ponen soluciones encima de la mesa", señalan desde la asociación. En 2023 -últimas cifras oficiales- ya se avistó un 48% más de embarcaciones cargadas con petacas de gasolina. Si bien, el problema se extiende a tierra, dado que necesitan una logística organizada para hacer acopio de la ingente cantidad de petacas.

"Problema de primer orden"

"Desde JUCIL no nos cansamos de repetir que estamos ante un problema de primer orden. Nos enfrentamos cada vez a grupos mejor organizados y con muchos medios, tanto marítimos, como de comunicaciones y tecnología. Y también más violentos, dotados de armas en la mayor parte de los casos. Necesitamos más medios técnicos y humanos, porque estamos arriesgando nuestra vida", insiste el delegado de JUCIL en Cádiz, Agustín Domínguez.
Por eso los guardias civiles insisten: "Volvemos a reclamar un plan de actuación contra el narcotráfico y la dotación de recursos y medios a la Guardia Civil para la ejecución de las funciones que tenemos encomendadas en la vigilancia marítima".

Hay que recordar que actualmente el Instituto Armado cuenta en Andalucía con 19 embarcaciones, de las cuales sólo 7 están operativas. En 2023, últimas cifras disponibles, en Andalucía se incautó el 69% del total de hachís en España y el 23 % de la cocaína, con 247 y 27 toneladas, respectivamente.