Laura Borràs se aleja de la cárcel a pesar de los cuatro años y medio de prisión a los que fue condenada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por fraccionar contratos para adjudicárselos a un amigo en los años en los que dirigía la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2017. Borràs fue condenada por los delitos de prevaricación y falsedad documental. La sentencia del TSJC fue ratificada por el Tribunal Supremo, que también desestimó la petición de que se le aplicase la amnistía.
En la sentencia del TSJC se llegaba a pedir el indulto parcial de Borràs para evitar su ingreso en prisión con el argumento de que las penas previstas para los delitos cometidos por la dirigente separatista eran excesivas a criterio de los magistrados.
Ahora, la fiscal del TSJC Assumpta Pujol ha resuelto que "con la finalidad de evitar posibles perjuicios a la condenada en el caso de que se resuelva favorablemente la petición de indulto, no se opone a la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad siempre que este Tribunal eleve al Gobierno la petición de indulto acordada".
En su escrito la fiscal recuerda que en la sentencia se indicaba que "proponemos al Gobierno de la Nación la concesión de un indulto parcial en favor de la acusada Laura Borràs i Castanyer en referencia exclusivamente a la pena de prisión impuesta y en el tiempo que exceda de dos años como duración máxima". Además de la inhabilitación, la sentencia también obligaba a Borràs a pagar una sanción de 35.000 euros.
La fiscalía también pide la suspensión de la condena para el examigo de Borràs dada "la colaboración y arrepentimiento mostrado en el juicio oral" así como "la acreditada superación de su adicción a las sustancias estupefacientes". A los efectos del cumplimiento de la pena pide que el ingreso en la cárcel se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad.