Tal y como era previsible, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs por delitos de prevaricación administrativa, continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Y era previsible, entre otros muchos motivos, porque Borràs, en su recuso contra la sentencia del TSJC, tuvo la desfachatez de reclamar que se le aplicase la Ley de Amnistía cuando lo cierto es que los delitos de prevaricación y de falsedad por los que había sido condenada no guardaban ni guardan relación alguna con el ilegal proceso secesionista catalán, sino con el hecho de que, siendo presidenta de la Institución de las Letras Catalanas, fraccionara 18 contratos por valor de 335.700 euros con el fin de adjudicarlos a dedo a un amigo para la elaboración del portal web de dicho organismo público.
Ni que decir tiene que, a pesar de ello, tanto Jordi Turull como Carles Puigdemont, secretario general y presidente de Junts per Catalunya, respectivamente, han salido en tromba a defender a su delincuente correligionaria tanto como a denigrar a los Tribunales. Así, mientras el golpista prófugo ha vuelto a denigrar al Supremo como la "Toga Nostra" y a afirmar que su decisión es "un ensañamiento tan bestia e impropio de un órgano judicial independiente que confirma la base política de la condena que siempre hemos denunciado", Turull ha vuelto a acusar al Alto Tribunal de "lawfare" y de ser un "Guantánamo judicial europeo".
Siendo grave, aun es mucho peor que el gobierno y su imputado fiscal general del Estado, García Ortiz, hayan hecho suya esta denigración de los tribunales propia de los golpistas. El más reciente ejemplo de ello nos lo ha brindado el ministro de Justicia, Felix Bolaños, durante la sesión de Control al gobierno y a cuenta de la declaración de Álvaro García Ortiz ante el Supremo en la que el fiscal general acusó precisamente al Supremo de invadir derechos fundamentales, actuar con premeditación y no buscar la verdad. Pues bien: a la pregunta de Cayetana Alvarez de Toledo de si "¿secunda usted esta acusación, es decir, considera usted que el Tribunal Supremo prevarica?", el ministro de Justicia no sólo no ha respondido, sino que, condescendientemente, ha avalado al imputado al afirmar que "el fiscal general utiliza los recursos que le brinda el Estado de derecho como cualquier otro ciudadano".
Y es que, en realidad, hace ya más de un año que el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez dejó de llamar a Puigdemont "prófugo" para referirse a él como "actor" e hizo suya la acusación de lawfare contra los tribunales con ocasión de la falta de renovación del CGPJ.
Lo que está claro es que quien quiere aferrarse como sea en el poder y, con ese objetivo, hacer transitar a nuestro país de una democracia liberal con separación de poderes a una república bananera en la que el Ejecutivo concentra todos los poderes, no puede sino denigrar a los pocos medios de comunicación independientes tanto como arremeter contra los tribunales de Justicia independientes. En eso está Sánchez y en eso continúa.