Es evidente que cualquier persona que está siendo investigada por un delito que no ha cometido es la primera interesada en prestar la máxima colaboración al Tribunal que lo juzga y en atender el mayor número de preguntas en aras de demostrar el supuesto sinsentido de su imputación.
No es esto, sin embargo, lo que ha hecho el imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su comparecencia de este miércoles ante el Tribunal Supremo. Por el contrario, García Ortiz ya ha dejado bochornosamente claro desde el comienzo que no respondería a las preguntas que le formulara el magistrado de la Sala Segunda del Alto Tribunal e instructor de la causa, Ángel Hurtado, a quien además se ha permitido descalificar diciendo que está actuando de manera "predeterminada" y de "partir de una certeza que le impide descubrir la verdad". Es más. Según las mismas fuentes jurídicas, la teniente fiscal del Alto Tribunal y, por tanto, subordinada al investigado Fiscal General, Ángeles Sánchez Conde, tampoco habría hecho preguntas a su imputado superior jerárquico asegurando que el origen de este procedimiento es una entrada y registro "ilegal" —en referencia a la diligencia llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado 30 de octubre en su despacho— y hay una "conexión de antijuricidad".
Teniendo en cuenta que dicha diligencia fue ordenada por el propio Tribunal Supremo no sabemos en qué se basa la silente subordinada del imputado y, a la vez, Teniente Fiscal para afirmar que dicha diligencia fue ilegal, lo que es tanto como acusar al Alto Tribunal de ordenar una ilegalidad. Tampoco parece muy coherente que quien acusa al instructor de "partir de una certeza que le impide descubrir la verdad", no se preste a responder a cuantas preguntas este le haga en aras de refutar la falsa "certeza" de la que el magistrado supuestamente parte y así ayudarle a encontrar "la verdad" de su inocencia.
El caso, sin embargo, es que García Ortiz sólo ha respondido a las preguntas que le ha formulado la Abogacía del Estado, es decir, su defensa. Ni que decir tiene que en sus declaraciones —en las que, como investigado, no está obligado a decir la verdad—, García Ortiz ha negado haber cometido la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y ha intentado salpicar a la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra, al tiempo que ha justificado el borrado de los registros de su móvil como una práctica recurrente y habitual desde que llegó al cargo.
Así las cosas, al lamentable espectáculo de ver por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado entrar a declarar como imputado por la puerta de autoridades al Tribunal Supremo, se ha sumado una no menos bochornosa comparecencia en la que, más que confiar en su inocencia, García Ortiz ha parecido confiar en la impunidad que le pudiera conceder en el futuro el Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido, lamentablemente tan dependiente del Gobierno como este fiscal general del Estado. A eso apunta su desprecio al Supremo y sus acusaciones y las de su subordinada respecto a la supuesta "antijuridicidad" de todo el procedimiento.
Desgraciadamente, hay razones que fundamentan esta ilegítima confianza. Si el Constitucional, presidido por Conde-Pumpido y con mayoría izquierdista, no ha tenido reparo en tumbar sentencias condenatorias del Tribunal Supremo en el caso de los ERE, bien podría hacer lo mismo si el Alto Tribunal condenase a García Ortiz por esta supuesta filtración ilegal al servicio del gobierno. Lo que parece claro es que en eso confía.
