Desde hace más de un año, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres lleva denunciando las decenas de actividades que nada tienen que ver con prevenir el maltrato y que, sin embargo, se financian con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: desde talleres de belleza, risoterapia o catas de chocolate terapéutico, a festivales de perreo feminista, carreras en tacones o charlas transgeneristas. Ahora, y ante el escándalo suscitado, el Ministerio de Igualdad se ha visto obligado finalmente a aclarar qué actividades no pueden ser financiadas bajo ningún concepto con cargo dicha partida.
Así, la cartera dirigida por Ana Redondo ha presentado este miércoles la "Guía de buenas prácticas del uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", en la que subraya que ni la defensa de los derechos del colectivo LGTBI ni los de las propias mujeres como concepto genérico pueden incluirse bajo este paraguas.
"Tenemos que invertir con rigor, con enfoque, con compromiso", ha advertido la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, quien ha insistido en que "no todo se puede hacer" y que hay actividades que "no encajan". Lejos de intervenir directamente, sin embargo, el Ministerio de Igualdad ha puesto el foco en las entidades locales, pidiéndoles que supervisen en todo momento qué es lo que se hace con dichos fondos: "Para saber que el dinero público se destina a lo que debe destinarse, hay que hacer un seguimiento y una evaluación".
Según ha defendido Perza, la guía en cuestión establece unos "criterios claros" sobre qué constituye una "buena práctica", partiendo de la premisa de que todas las actividades han de estar "directamente vinculadas" a las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De ahí que, por tanto, se excluyan tanto "actividades generales relacionadas con Igualdad, salvo aquellas que estén en el marco de la educación formal y no formal", como temas LGTBI+, tal y como ha aclarado la subdirectora general de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres, Zulema Altamirano.
Expectativa vs. realidad
Por el contrario, la guía detalla ocho capítulos de "buenas prácticas". Entre ellos, se incluyen actuaciones dedicadas al refuerzo de servicios municipales relacionados con la violencia, la realización de informes diagnósticos sobre las causas de la violencia a nivel local, acciones de sensibilización, formación y capacitación, y otras dirigidas directamente a mujeres supervivientes de violencia de género, como asistencia psicológica, asesoramiento legal o acompañamiento social. Por último, también se apuesta por la elaboración de guías especializadas para "mejorar la calidad de atención a víctima, garantizando así intervenciones más eficaces, coordinadas y que ayuden a la protección integral".
La realidad, no obstante, es que la inmensa mayoría de las actividades que se sufragan con los fondos del Pacto de Estado, tal y como ha recriminado a Igualdad la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, poco o nada tienen que ver con las líneas marcadas. La última denuncia remitida al Ministerio con motivo de la conmemoración del pasado 8-M, sin ir más lejos, incluía "talleres de belleza y autocuidados, visitas turísticas, clases de zumba, talleres de risoterapia, manualidades, cocina y costura, eventos deportivos, concursos, exhibiciones de baile y conciertos"; actividades que, según remarcaron las feministas, "están muy lejos de servir a la prevención, formación y sensibilización contra la violencia machista o la ayuda a las víctimas". A ello se suman las catas de chocolate terapéutico, festivales de perreo feminista, carreras de tacones o charlas transgeneristas ya denunciadas anteriormente.