Hubo tensión pero, al final, este jueves el Gobierno logró convalidar el Real Decreto de ayudas a los sectores afectados por los aranceles pese a que los de Puigdemont mantuvieron la intriga hasta el último momento. "Yo apuesto un 60% sí y un 40% porque es lo máximo que se puede apostar por Junts", afirmaba un ministro acostumbrado a los vaivenes de su socio y a que se revienten las negociaciones en el último minuto. Lo cierto es que además del voto favorable de los separatistas, el Ejecutivo logró otros apoyos como los de UPN.
La euforia en las listas era evidente. Hasta Sánchez decidió quedarse unas horas más en el Congreso para comer con algunos de sus colaboradores. No era un día para huir raudo y veloz como suele hacer en otras ocasiones pero, pese a la alegría, algunos de los negociadores asumen que se vienen curvas con Junts y que hay leyes que se pueden caer. La más inminente: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que el Gobierno aprobó este martes en segunda vuelta para ser remitida al Congreso.
La norma de Yolanda Díaz va sin medidas de acompañamiento, como quería el titular de Economía, Carlos Cuerpo. En el sector socialistas apostaban por introducirlas luego, durante el trámite parlamentario en las diversas comisiones, como táctica para atraerse a Junts y PNV pero ni con éstas. Los separatistas han registrado una enmienda a la totalidad que puede conseguir el apoyo de PP y Vox, lo que implicaría que la reducción de la jornada laboral no se llegaría ni siquiera a tramitar.
Los de Puigdemont se niegan a aprobar esta ley. "No es paripé", advierten fuentes próximas a los negociadores que consideran "muy complicado" sacar adelante esta iniciativa. Detrás de esta oposición de Junts ven la sombra de la patronal catalana que creen que se está moviendo para bloquear algunas de las medidas del Ejecutivo. A esto se une un Junts cada vez más duro con CCOO y UGT a los que Miriam Nogueras ha tildado de "lobby sindical" y ha reprochado a Yolanda Díaz que no lo acordase "con la pequeña y mediana empresa catalana".
La orden de Sánchez es volcarse en intentar sacar esta iniciativa que podría reflotar a Sumar, cuyos votos son indispensables para reeditar un Gobierno de coalición. El primero en tener una reunión con una de las patronales catalanes ha sido Félix Bolaños con Cecot aunque asumen que lo más complicado es la principal, Foment del Treball, con el exdiputado de CiU Sánchez Llibre a la cabeza.
Los ministros socialistas tratarán de atraer a la patronal catalana para que, a su vez, levanten el veto de Junts. Incluso en las filas socialistas no ocultan que quizás Díaz aceleró demasiado al sacar la norma sin el consenso del resto de los agentes sociales. El problema para el PSOE es que ven cómo Junts es, cada vez más dependiente, de la postura de los empresarios catalanes y temen que esta interlocución acabe por traducirse en más vetos parlamentarios.