La obra del túnel de Belate, la licitación que acorrala a Santos Cerdán, está plagada de irregularidades desde el primer día. Tanto es así que, aunque es ahora cuando dicho proceso empieza a ser investigado judicialmente, los órganos fiscalizadores llevan lanzando advertencias desde que, a principios de 2023, se abrió el proceso de adjudicación que, finalmente, terminaría en manos de la UTE formada por Acciona, Servinabar 2000 y Fermín Osés.
"Hemos observado aspectos significativos que impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato", alertaba el Informe de fiscalización de las cuentas generales de Navarra del ejercicio 2023, suscrito por la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas de la comunidad foral.
Las anomalías que dicha auditoría pone sobre la mesa no solo salpican al ejecutivo autonómico actual, sino también a los consejeros que formaban parte por aquel entonces del mismo, entre los que, casualmente, se encuentra otra ministra de Pedro Sánchez: la actual responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que fue la consejera de Hacienda de Navarra hasta que en agosto de 2023 —ya en plena fase final de la valoración de las ofertas presentadas— el presidente decidió ascenderla.
Las denuncias de los miembros de la Mesa
La apertura del procedimiento de adjudicación data del 6 de febrero de 2023 y las empresas interesadas tuvieron de plazo hasta el 9 de marzo para presentar ofertas. Apenas dos semanas después, la Mesa de Contratación comenzaba a abrir los sobres y empezaban los problemas.
Tres de los ocho miembros de la misma (el secretario, el representante de la Junta de Contratación Pública y el interventor delegado) emitieron sendos votos particulares, alertando de que "la valoración técnica efectuada carece de una adecuada motivación que acredite suficientemente las diferencias de puntuación entre las ofertas en aras a garantizar la igualdad de trato y no discriminación".
Además, denunciaban que el presidente de la Mesa conocía las puntuaciones de cuatro miembros "antes de emitir su propia valoración", lo que no garantiza su imparcialidad, ya que podría haber ajustado su calificación en base a dicha información para beneficiar o perjudicar a alguno de los candidatos. Lejos de minimizar tales irregularidades, la propia Cámara de Comptos hizo posteriormente suyas ambas denuncias en el Informe de fiscalización de las cuentas de 2023, afeando la conducta a la Mesa, pero también al propio Gobierno de Navarra que avaló el proceso.
Puntuación bajo sospecha
Respecto a la primera de ellas, el tribunal recuerda que, en este caso, cuatro de las siete empresas que concurrieron al concurso presentaron la misma oferta económica (la más baja que el proceso permitía para no ser considerada temeraria), de tal forma que la clave para decantarse por la UTE ligada con Santos Cerdán fue la valoración cualitativa. Sin embargo, la falta de concreción habría impedido a todos los candidatos concurrir en igualdad de condiciones y aportar una imagen de objetividad a la elección.
"Los criterios de valoración son elementos fundamentales en la adjudicación de los contratos y, consecuentemente,, son elementos orientadores de la elaboración de la oferta (en cuanto se refiere a los licitadores) y elementos determinantes de la selección del adjudicatario (en cuanto se refiere al órgano de contratación)", arranca su explicación la Cámara de Comptes.
Precisamente por eso, insiste en que todos ellos "debieran haber sido más desarrollados y desagregados técnicamente, así como la forma de asignar su puntuación, con el objeto de garantizar el principio de igualdad de trato y transparencia, dado que un insuficiente detalle de los mismos puede perjudicar el derecho de los licitadores a disponer de la información necesaria para interpretarlos de la misma forma".
Además, advierte de que "una adecuada concreción y ponderación de dichos criterios, asimismo facilita y permite homogeneizar la posterior valoración técnica de las ofertas recibidas por los miembros de la Mesa, dar mayor garantía de objetividad de la misma, y facilitar la elaboración del informe justificativo de las puntuaciones asignadas", algo que en esta licitación no sucedió.
¿Información privilegiada?
Por otro lado, el tribunal fiscalizador denuncia que "cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieron sus puntuaciones al presidente, y éste determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás", lo que eleva las sospechas de un posible amaño.
"Si bien la normativa no detalla el procedimiento que deben seguir las Mesas de Contratación para efectuar la valoración de las ofertas técnicas, esta Cámara considera que debe establecerse un procedimiento en el que todos los intervinientes dispongan de la misma información que garantice la imparcialidad de las puntuaciones, y por lo tanto los principios de igualdad de trato y transparencia", reza el informe.
Otras desavenencias y casualidades
Por último, la Cámara de Comptos recoge igualmente las diferencias existentes entre los distintos miembros de la mesa en relación al "certificado de buena ejecución de, al menos, una obra similar", a la que se pretendía desarrollar, en este caso, el desdoblamiento del túnel de Belate, ya que tanto el secretario, como el interventor y el representante de la Junta de la Contratación Pública mostraron sus reticencias respecto a la solvencia de la UTE formada por Acciona, Servinabar 2000 y Fermín Osés.
Además, el tribunal no descarta otras irregularidades, ya que, tal y como subraya, su labor fiscalizadora "solo incluye la tramitación administrativa, hasta la adjudicación del contrato. No forman parte del alcance la ejecución del contrato, y el expediente de adjudicación de la dirección de obra".
Cabe recordar que el dueño de Servinabar 2000, Joseba Antxon Alonso, está estrechamente ligado a Koldo García. El logo de su empresa aparecía en la ropa que este usaba cuando participaba en concursos y exhibiciones de aizkolari y, según ha podido constatar la UCO, ambos habrían formado una cooperativa en el año 2015 llamada Noran para gestionar patrimonio inmobiliario e industrial.
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