Baleares se posiciona como la primera comunidad autónoma en cerrar un acuerdo presupuestario para 2025, con la excepción de la Comunidad Valenciana, tras la ruptura entre los gobiernos autonómicos del PP y Vox el pasado verano, motivada por la polémica en torno a la acogida de menores no acompañados. Tal como adelantó Libertad Digital, el ejecutivo balear toma la delantera frente a otras regiones como Aragón o Murcia, donde, pese al tono optimista mostrado en los últimos meses, las negociaciones han experimentado un notable enfriamiento.
La presidenta balear, Marga Prohens, se ha mostrado "contenta" por alcanzar un acuerdo que da "cumplimiento a la voluntad de cambio", aunque ha reconocido la "complejidad" del pacto tras varios meses de negociaciones con los de Santiago Abascal. En rueda de prensa, Prohens se ha comprometido a impulsar medidas concretas, en el marco de las competencias autonómicas, contra la inmigración ilegal rechazando la acogida de menores inmigrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas y el Pacto Verde Europeo.
En materia lingüística, la presidenta, que ha intervenido íntegramente en catalán, ha asegurado que PP y Vox han logrado consensos sin renunciar a sus respectivas líneas rojas. "Son cambios desde el sentido común", ha asegurado Prohens. PP y Vox han acordado modificar la ley educativa para incluir la vehicularidad tanto del catalán como del castellano, y establecer que el desconocimiento del catalán "no penalice" en el acceso a las bolsas públicas de empleo.
También se ha acordado la derogación de la Ley de Memoria Democrática siendo uno de los compromisos del pacto de legislatura que permitió la investidura de Prohens. La portavoz de Vox Baleares, Manuela Cañadas ha anunciado su derogación "porque la historia no se impone desde un despacho, la historia se estudia, se debate y se respeta".
La posición más limitada de Vox en Baleares restringe su capacidad negociadora, impidiendo que ejerza la misma presión que en otras comunidades, como Valencia ya que los populares gobiernan en solitario en la región insular, pero dependen de los seis escaños que mantiene Vox, tras perder dos de los ocho logrados en las urnas, para sacar adelante la ley presupuestaria.
Mayo marcaba el plazo orientativo para cerrar la negociación, con la vista puesta en aprobar las cuentas de forma definitiva en julio y garantizar una implementación eficaz en la segunda mitad del año. El proyecto presupuestario ascienden a 7.469,1 millones de euros, un 2% más en comparación con los aprobados en el ejercicio de 2024.