Una empresa se vio sumergida en un caso de presunta adjudicación amañada de una concesión pública. La concesión era la de la mina de Aznalcóllar, por un importe de explotación esperada de nada menos que 18.000 millones de euros. El Gobierno regional era el del PSOE andaluz. Por aquellas fechas, María Jesús Montero era consejera y el ahora procesado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, Vicente Fernández Guerrero, era su hombre de confianza y conductor de la licitación en cuestión. Fernández Guerrero tiene ahora una petición de 19 años de prisión. Y en medio de todo ello, Montero logró elevarlo a presidente de la SEPI -uno de los mayores inyectores de dinero público- justo antes de la imputación por el caso Aznalcóllar. Tuvo que salir corriendo de SEPI precisamente por esta acusación. Pero la cloaca de Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán, tuvo sus brazos abiertos para él.
El CEO de Emerita Resources -David Gower- empresa que litiga contra la concesión de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar al consorcio Minorbis-Grupo México ha amenazado ya con acciones legales por la aparición de la cloaca del PSOE en escena. En una escena que no puede ser más turbia.
Un comunicado de la empresa ha señalado que ante el caso de "presunta corrupción a alto nivel en el Gobierno" y en el que políticos del PSOE "dieron instrucciones para dañar los intereses de una empresa canadiense", se reservan el derecho de "tomar cualquier acción" para proteger los intereses de Emerita y sus accionistas. Y, efectivamente hace alusión al hecho de que la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez participó en el plan de María Jesús Montero de recuperar a Vicente Fernández Guerrero, presidente de la SEPI en aquel momento anulando, por lo tanto, los legítimos intereses empresariales de Emerita Resources. La compañía asegura que "entiende, como se ha corroborado por varias fuentes en medios, que la señora Montero había mantenido vacante durante 18 meses el cargo de presidente de la SEPI tras la renuncia del señor Fernández" con el objetivo de que "pudiera verse liberado de los cargos en el caso de Aznalcóllar y recuperar su puesto".
Asaltar Repsol
No se trata de la única operación con tintes empresariales que llevó a cabo la cloaca. También diseñaron un plan para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudiera asaltar Repsol, como ya ha publicado Libertad Digital. Esta compañía energética española está presidida por Antonio Brufau y el puesto de consejero delegado lo desempeña Josu Jon Imaz.
Libertad Digital ha publicado en exclusiva una grabación del pasado 23 de abril en la que el abogado Jacobo Teijelo propuso a un empresario presentar una denuncia para acusar a Repsol de un supuesto fraude. Teijelo integra el grupo clandestino del PSOE junto a la mano derecha del secretario de organización socialista Santos Cerdán, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset.
En el audio se escucha como Teijelo da indicaciones al empresario, que es investigado por otro caso relacionado con hidrocarburos en la Audiencia Nacional. Todo ello, con el objetivo de que tras denunciar a Repsol pueda ser absuelto o se le reduzca la pena de una hipotética condena tras poner en la diana a la citada compañía energética.