Los socios de investidura fingen exigir transparencia y explicaciones a Pedro Sánchez, pero a la hora de la verdad lo blindan. Mientras proclaman su compromiso con la lucha contra la corrupción y anuncian un sinfín de medidas, se oponen a cualquier iniciativa que implique que el presidente del Gobierno asuma responsabilidades o adopte acciones concretas.
Así ha quedado en evidencia este jueves en el Congreso, donde el PSOE y sus aliados habituales, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria, han rechazado dos mociones presentadas por PP y Vox que instaban al Gobierno a tomar medidas tras la salida del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, implicado en el caso Koldo.
Desde que estalló el escándalo, el bloque que sostiene a Sánchez ha hecho alarde de propuestas anticorrupción. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha planteado medidas como la eliminación de los aforamientos, la creación de un organismo independiente de prevención de la corrupción o la exclusión de empresas implicadas en tramas corruptas de la contratación pública. Sin embargo, estas propuestas serán debatidas en la comisión de seguimiento del pacto de la coalición sin que exista, por ahora, ninguna garantía de que el PSOE esté dispuesto a aplicarlas.
Podemos y ERC también quieren que se cierre un acuerdo sobre las empresas que pagan tramas corruptas. Sin embargo, cuando llega una votación parlamentaria optan por blindar al presidente, incluso dando por hecho que a la legislatura le quedan los días contados.
El único punto que ha salido adelante ha sido el incluido en la moción del Partido Popular, en el que se reclama que el presidente del Gobierno comparezca de forma monográfica ante el Pleno del Congreso para ofrecer explicaciones públicas. Una comparecencia que se materializará el próximo 9 de julio, en una jornada maratoniana en la que el PSOE intentará desviar el foco recurriendo a los casos de corrupción del Partido Popular como estrategia de defensa.