La Comisión Europea ha publicado este martes un informe que el PP ha tachado de "demoledor" en el que se señalan directamente las prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez que atentan contra la independencia judicial como la permanencia del Fiscal General del Estado (FGE) a pesar de su procesamiento; la Ley Bolaños que limita las acusaciones populares; y el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía. "El nivel de percepción de independencia judicial en España continúa siendo bajo para la ciudadanía", explica el texto presentado por la Comisión.
En este sentido, el escrito destaca que el FGE, Álvaro García Ortiz, está siendo objeto de una "Investigación judicial en curso" por la presunta filtración de datos de un particular, algo que afectó, según se reseña, a los periodistas que se vieron obligados a asistir a declarar sobre la información que habían difundido sobre el caso. Aunque no se menciona, de sobra es conocido que esta filtración afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rival político de Sánchez.
Además, el informe se centra en las reformas judiciales que ha promovido el Ejecutivo del líder socialista como la Ley de Enjuiciamiento Popular, es decir, la llamada Ley Bolaños; que busca acabar con las acusaciones populares. Un derecho que, según recuerda este informe, se encuentra recogido en el artículo 125 de la Constitución Española y desarrollado en el Código Procesal Penal español.
"Permite a las personas físicas y jurídicas interponer una acción penal e intervenir como parte en el proceso sin estar directamente afectadas o perjudicadas por un delito", asevera antes de recordar que las limitaciones propuestas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han desatado las críticas de diversos organismos que defienden que son "excesivas" y que soslayan la práctica de este derecho, ya que ya no podría ser ejercido de forma universal exigiendo "un vínculo específico, pertinente y suficiente con el interés público protegido".
Recalca las quejas de jueces y fiscales
Es decir, que sólo podrían personarse aquellos que estén directamente relacionados con la causa pervirtiendo así el ejercicio de este derecho. Algo que afectaría especialmente a los partidos políticos y a las diferentes asociaciones que defienden los derechos de los ciudadanos como las propias asociaciones de jueces y fiscales, que tienen la potestad en estos momentos de personarse si consideran que se está pervirtiendo la interés general. La Comisión incide en que esta norma –por la que también se deja el proceso de instrucción en manos de la Fiscalía— ha provocado las quejas de jueces y fiscales, que aseguran que la norma busca una clara injerencia en la Justicia y no aporta garantías a los fiscales subordinados del FGE, acusado de tener una clara sintonía política con el actual Ejecutivo.
En otro orden de cosas, el informe de la Comisión hace referencia al aval presentado por el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía; si bien deja claro que se han presentado solicitudes de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además de la "gran controversia" que ha supuesto la aprobación de esta norma. Esta ya ha sido aplicada a más de 300 personas y "prevé una amnistía que se aplica a los actos y hechos que entrañan responsabilidad penal, administrativa o contable, definidos tanto en función de las fechas de los actos como de su conexión con los acontecimientos relacionados con el proceso de independencia de Cataluña."
De hecho, asegura que la Comisión Europea ha realizado una evaluación de la norma desde el punto de perspectiva del Derecho de la Unión Europea localizando "algunos aspectos" que consideran "objeto de cuestiones prejudiciales"; es decir, que se critica la falta de análisis judicial de los hechos que incentiva la puesta en marcha de la norma. Todo ello, refleja la falta de confianza que la Comisión tiene respecto a las diferentes medidas judiciales que está impulsando Sánchez.
"Sánchez es un peligro"
Por su parte, el PP ha considerado el informe como el detonante de que la corrupción del Gobierno español haga saltar las alarmas en Europa asegurando que este es un documento "demoledor" por sus dudas sobre el Estado de Derecho del país. Así, refleja que este hace referencia a la "persecución de jueces y periodistas", a la "nula independencia judicial", a las "dudas de la legalidad de la Amnistía" y a la permanencia del Fiscal General del Estado procesado.
La corrupción de España hace saltar las alarmas en Europa.
El informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho es demoledor:
-Persecución de jueces y periodistas.
-Nula independencia judicial.
-Dudas de legalidad de la Amnistía.
-Fiscal General procesadoSánchez es un peligro
— Dolors Montserrat (@DolorsMM) July 8, 2025
Así se ha mostrado la líder del PP español en Bruselas, Dolors Montserrat, en su cuenta oficial de la red social X, en la que ha zanjado que "Sánchez es un peligro" para la democracia española.