La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) pide que no se ceda la gestión y recaudación de todos los impuestos a la Generalidad catalana, tal como prevé el acuerdo que este lunes suscribirán en Barcelona el Gobierno y la administración autonómica para satisfacer una de las exigencias de ERC por la investidura del socialista Salvador Illa.
El pacto entre ERC y el PSOE más su facción catalana, el PSC, establece que el Estado traspasará a la Generalidad la "recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos", así como la "plena soberanía fiscal". En palabras de ERC se trata de un "concierto económico solidario" en el que esa parte "solidaria" tendría en cuenta el principio de ordinalidad, es decir que Cataluña mantendría el nivel de renta per cápita tras la aportación a la caja común.
En el PSC y el PSOE tratan de suavizar la terminología y se refieren a una "financiación singular" que además sería extensible a las comunidades que así lo solicitaran. De ahí que a "singular" le acompañen los términos "federal" y "generalizable" con el que tratan de vender el apaño.
Ante esas circunstancias, SCC alerta de que el acuerdo "hace inviable España", provocará más fraude fiscal, corrupción, fuga de empresas, inseguridad jurídica e inestabilidad institucional, entre otros efectos que ha resumido en diez puntos:
- Rompe la unidad de caja de la Hacienda pública española, la cual sostiene el Estado social y del bienestar en España y la solidaridad interterritorial.
- Haría inviable la financiación del Estado español y, por lo tanto, sería imposible mantener las funciones estatales en España.
- Provocaría que hubiera españoles con diferentes obligaciones fiscales y con distintas prestaciones sociales.
- Intensificaría la fractura del mercado interior de España, las trabas a la actividad y la carga reguladora.
- Perjudicaría la actividad económica en Cataluña y favorecería una fuga aún mayor de empresas del infierno fiscal que ya es la Comunidad.
- Fomentaría el fraude fiscal en Cataluña y en el resto de España, así como la corrupción de los cargos de la Generalitat.
- Incrementaría el descontrol entre las regiones de España y contribuiría a la fragmentación en 17, más dos haciendas. En consecuencia, favorecería la fractura de España.
- Aumentaría la inseguridad jurídica y la inestabilidad institucional.
- Es contraria al mercado común y al Tratado de la Unión Europea.
- Es contraria a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En un comunicado hecho público poco antes de la comisión bilateral que se celebra este lunes en Barcelona, SCC "pide la retirada de una propuesta que es política, social, económica y técnicamente perniciosa y que solo obedece a la conveniencia del Gobierno de España de mantenerse algún tiempo más en el poder gracias a los exiguos escaños que los partidos políticos separatistas tienen en el Congreso de los Diputados y que, en su línea habitual, utilizan para chantajear al Ejecutivo. Desde la sociedad civil nos negamos a aceptar que se mercadee con la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre los territorios".