Los incidentes en Torre Pacheco han sido aprovechados por el Gobierno y sus socios para arremeter contra Vox, utilizando este debate como una cortina de humo que desvíe la atención de los casos de corrupción que cercan al Ejecutivo. Una estrategia que busca evitar que se hable de las investigaciones que afectan al PSOE, al propio Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.
En la Cámara Baja, el socio minoritario del Ejecutivo, ha elevado aún más el tono llegando a plantear abiertamente la ilegalización de la formación de Santiago Abascal por su discurso sobre inmigración. El diputado de Compromís, integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado que es necesario abrir un debate "sereno pero rápido sobre la ilegalización del fascismo de Vox", al considerar que una democracia consolidada como la española "no se puede permitir la coexistencia de partidos filofascistas".
Desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez ha afirmado que "no hay espacio, ni un milímetro" para esta formación, advirtiendo que, de no actuar, "lamentaremos muertes muy pronto", ha llegado a decir.
Lejos de exigir responsabilidades al Ejecutivo, pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encontraba en Londres asistiendo a un partido de tenis mientras se producían los incidentes, el diputado de Sumar ha dicho que "el silencio de los líderes de Vox y la estrategia de difusión de bulos y llamadas a la violencia por parte de los cuadros políticos de este partido tienen un encaje en el artículo 10 de la ley de partidos".
En Vox lamentan que el foco mediático y político se desplace hacia su formación, en lugar de abordar las causas reales de una crisis que lleva cuatro días afectando al municipio murciano. Critican además el inmovilismo del Ejecutivo central, del que, según fuentes del partido, existe incluso un interés en que el problema se agrave. Pese a ello, mantienen su posición firme en torno a la necesidad de reforzar las políticas de inmigración con la deportación masiva.