La Cámara Baja celebra este martes su última sesión plenaria antes del parón veraniego, pero lo hace dejando en el limbo dos de grandes iniciativas para el Ejecutivo: la reforma de la jornada laboral y la polémica ley Bolaños. La causa no es otra que la falta de apoyo suficiente dentro de su propio bloque, que ha dejado al Gobierno al borde del colapso legislativo. Los siete votos de Junts han obligado a posponer ambas iniciativas, un freno claro a los intentos de Félix Bolaños y Yolanda Díaz por marcar su huella en la legislatura.
Llevar estos proyectos al pleno ahora supondría su naufragio inmediato, una humillación parlamentaria que el Ejecutivo ha preferido evitar. Lejos de ser un cierre exitoso del ciclo político, este último pleno se erige como un triste recordatorio de la fragmentación y la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Yolanda Díaz ha convertido la reducción de la jornada laboral en su bandera política desde que asumió el liderazgo de Sumar. La ha presentado como una conquista inminente desde el inicio de la legislatura. Sin embargo, tras meses de promesas aplazadas, este martes ha decidido eludir el debate sobre su iniciativa, amparándose en que "no se dan las condiciones" para ello.
Un viraje que evidencia la fragilidad de Ejecutivo y la incoherencia de quienes, hasta hace apenas unos días, defendían que era necesario que los partidos políticos se "quitaran la careta" en sede parlamentaria, aunque eso supusiera arriesgarse a una derrota. De esta forma, la reducción de la jornada labora queda relegada a un futuro indeterminado para un Gobierno especialmente comprometido por los escándalos de corrupción.
Tampoco la llamada ley Bolaños, que provocó la mayor protesta del poder judicial en décadas, con miles de jueces y fiscales manifestándose en contra, ha logrado superar la parálisis parlamentaria. Junts, cuyo apoyo se ha convertido en un peaje ineludible para el Ejecutivo, no solo rechaza la reforma, sino que eleva el pulso institucional exigiendo la creación de un Consejo de Justicia catalán que sustituya al CGPJ, en una apuesta abierta por una justicia desligada del Estado.
El Gobierno tiene previsto llevar al pleno dos proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso. Una orientada a sancionar a los denominados "pseudomedios", y otra destinada a ampliar el uso del voto telemático por parte de los diputados en reuniones de la Mesa y en comisiones. Además, se plantea una modificación para permitir que la Cámara pueda denominarse "Congreso", en lugar de su denominación formal completa, "Congreso de los Diputados".
La sesión también incluirá el examen de los tres últimos decretos-ley aprobados por el Ejecutivo, que, aunque ya están en vigor, siguen pendientes de convalidación parlamentaria. Son la distribución de los recursos del sistema de financiación autonómica, el refuerzo del sistema eléctrico tras el reciente apagón, y la aplicación de beneficios fiscales vinculados a eventos declarados de excepcional interés público.
Asimismo, llegarán al hemiciclo enmiendas relevantes a las reformas sobre el aseguramiento en la circulación de vehículos, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.