La diputada del Grupo Popular y miembro de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro, ha denunciado que el Ejecutivo pretende "introducir un régimen sancionador para periodistas" mediante la reforma del Reglamento del Congreso. Navarro afirma que, al no poder controlar lo que se dice en la Cámara, el Gobierno busca "callar a quienes lo dicen aquí".
Según la diputada, no les ha bastado con controlar la televisión pública y amedrentar a los medios con la publicidad institucional; ahora, aseguran, pretenden "purgar la prensa parlamentaria". Navarro subraya que "la libertad de prensa no se negocia" y que limitar el derecho a la información o condicionarlo mediante sanciones es "censura".
Navarro recuerda que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (aunque en sus declaraciones menciona a Armengol, la crítica va dirigida a la presidenta), ya dispone de las herramientas para mantener el orden en el hemiciclo, pero "no las ejerce para garantizar el respeto institucional", permitiendo "insultos a jueces y periodistas" y la eliminación de palabras incómodas del diario de sesiones.
"Si incomoda al poder, se silencia; si lo ejerce el poder, se permite", añade. Para Navarro, esta reforma no busca modernizar el Reglamento, sino "blindar a un Gobierno corrupto, gobernar sin control y debilitar los contrapoderes que garantizan nuestras libertades".
La diputada advierte que con esta medida, los periodistas quedan "sometidos a la Inquisición, perseguidos por su forma de pensar o escribir", y denuncia que la reforma se ha aprobado "sin debate, en tiempo récord, vetando las enmiendas del Grupo Popular con criterios arbitrarios".
Además, critica que el Gobierno quiere convertir el voto telemático en norma y la rendición de cuentas en excepción, y denuncia que los parlamentarios que no asisten podrán justificar su ausencia con una simple declaración responsable.