Al Gobierno le "duele" el caso de Juana Rivas, la madre granadina condenada en 2018 por sustracción de menores, que ahora ha agotado todas las vías posibles para evitar entregar a su hijo Daniel a su padre, Francesco Arcuri, tras mantenerlo retenido durante siete meses tras un permiso para las navidades, pese a que un tribunal de Granada ordenó el pasado 16 de julio su entrega al progenitor, titular de la custodia legal en Italia.
Aunque el Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso urgente de los abogados de Rivas al considerar que la petición "carece de trascendencia constitucional", el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha pedido "precaución" porque "el asunto sigue judicializado".
También se ha referido a las imágenes de este martes en los que Juana Rivas y el menor han acudido al centro de entrega familiar y ha finalizado con la madre saliendo en ambulancia tras un ataque de ansiedad. "La imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo, entiendo la angustia y la preocupación de la madre", ha terciado, aceptando parte del discurso de la progenitora, quien acusa a Arcuri de maltratar a sus hijos, pese a que la justicia ha archivado todas las denuncias relacionadas con los menores. En cambio, la única sentencia firme que pesa sobre él es de 2009, emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada, por "un delito de lesiones en el ámbito familiar" contra Rivas.
"Nos duele, empatizamos con esa familia que está sufriendo", ha añadido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, desde la sala de prensa de La Moncloa, donde ha criticado que las jurisdicciones italiana y española no están "acompasadas". "El sentido común nos indica que se tiene que resolver primero la cuestión penal, sobre si ha habido maltrato a la madre y al menor", ha terciado. Una estrategia con la que buscan ganar tiempo ya que en septiembre Arcuri tiene un nuevo juicio por presuntos malos tratos a los menores y que interpuso Juana Rivas ante un juzgado de Cerdeña.
Redondo ha reprochado "la disfunción" de la legislación italiana por "no resolver la situación penal previamente a la cuestión civil de la custodia" y ha sentenciado que, pese a no existir todavía ningún auto judicial en ese sentido, "aquí también hay un caso de violencia vicaria, nos consta".
La ministra también ha mostrado su "empatía hacia esa familia" y ha respaldado a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien el otro día leyó una supuesta carta remitida por Daniel, de 11 años, en la que afirmaba que "tiene miedo y se siente aterrorizado". Un testimonio que contrasta con otros audios que la Justicia ha examinado, como los de WhatsApp, en los que el niño señala que "mamá me pide que mienta y diga que nos pegáis". Esto podría constituir un caso de alineación parental según el entorno de Arcuri.
En esa línea, el Ministerio de Juventud e Infancia prevé modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) "para que no sucedan más casos como el de Rivas". Algo que también cuenta con el avala de Igualdad.
Sumar va más allá
También Sumar ha mostrado su respaldo a Juana Rivas. Su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, comenzó la rueda de prensa de este martes mandándole "un mensaje de apoyo" y señalando que colaboración judicial entre países de la Unión Europea no es justificación suficiente "cuando está en riesgo la vida de un menor".
Barbero ha manifestado su esperanza de que el Tribunal Constitucional emita un fallo favorable y más elaborado al recurso presentado por Juana Rivas, deseando que "Daniel se quede aquí" porque "ha pedido por activa y por pasiva no volver con su padre, que tiene en juicio por malos tratos hacia él y hacia su hermano, fijado ya para septiembre".