La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha prohibido el uso del burquini en la piscina municipal alegando "motivos de seguridad". La decisión, anunciada a través de su cuenta personal en la red social X, se produce a pesar de que la Ley de Igualdad de Cataluña, en vigor desde 2020, permite expresamente los bañadores de cuerpo completo, incluidos los burquinis, para promover la libertad individual. La alcaldesa ha instado además a otros ayuntamientos catalanes a tomar medidas similares: "Esto ya pasa de medida", ha afirmado.
Pese a la orden municipal anunciada en Ripoll, la Ley de Igualdad de Cataluña, aprobada en 2020, establece de forma explícita que los bañadores de cuerpo completo, incluido el burquini, están permitidos en instalaciones públicas. La normativa reconoce tanto el uso de estas prendas como la práctica del ‘topless’, en defensa de la libertad individual y la igualdad de género. La norma catalana equipara su uso al del topless, amparándose en la libertad individual. El burquini se ha convertido, en muchos casos, en símbolo de la presión cultural que sufren mujeres musulmanas para mantener su cuerpo oculto incluso en espacios lúdicos como piscinas y playas.
He signat un Ban prohibint l'ús de burquinis a la piscina municipal de Ripoll per raons de seguretat.
Recomano a la resta d'ajuntaments catalans que facin el mateix.
Això ja passa de mida...#GovernemRipoll#SalvemCatalunya
— Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) July 21, 2025
Se desmarca abiertamente del discurso oficial. No es la primera vez que denuncia la "sumisión institucional" ante prácticas impuestas por corrientes del islam político que, a su juicio, no tienen cabida en un espacio público occidental.
Orriols ya había solicitado en 2023 a la Generalidad que impidiera el uso de bañadores integrales en piscinas públicas. Asimismo, su partido propuso en el Parlament prohibir la utilización de velos islámicos —incluidos burka, niqab, hiyab y burquini— en espacios públicos. La moción fue rechazada con los votos en contra de la mayoría de partidos, y solo contó con el apoyo de Aliança Catalana.
Además, Orriols defiende que su decisión responde a cuestiones de seguridad, sin detallar cuáles. La medida ha generado reacciones en redes sociales y ha vuelto a colocar el debate sobre el burquini en la agenda pública catalana.