La UCO detecta 68 millones en ampliaciones de contratos de Adif y sospecha que se trate de las mordidas de la trama

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado ya la prohibición de salida de España de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras, Javier Herrero. Ambos ex altos cargos socialistas están investigados por su relación con el amaño de adjudicaciones de obras a empresas constructoras a cambio de dinero, dentro de la trama liderada por Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Y es que la UCO cuenta ya con una cifra estimativa y bajo sospecha. Una cifra que supera los 68 millones de euros. Se trata de un volumen que coincide con las ampliaciones de contratos de obras públicas tramitados por Adif en época de Pardo de Vera y que la UCO no descarta que esconda las mordidas de la trama.

Ismael Moreno ha emitido dos autos después de que la Fiscalía Anticorrupción lo haya solicitado tras la última comparecencia de Pardo de Vera y Herrero en la Audiencia Nacional. Según el juez, hay "motivos suficientes para considerar responsable criminalmente" a los dos investigados como presuntos autores de tres delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Los informes de la UCO ya han señalado que ambos tuvieron un papel "determinante" en las adjudicaciones fraudulentas.

Y ahora toca determinar la cuantía potencial de cobro de mordidas. Por el momento, el ex director general de Carreteras Javier Herrero, ha reconocido en sede judicial que el PSOE le exigió "una donación" al partido por ser nombrado alto cargo, algo que podría introducir en el esquema de cobros al PSOE como persona jurídica.

Sea como sea, la UCO sigue una pista: las modificaciones de contratos públicos en Adif. Los investigadores han detectado un sistema con las siguientes características. En primer lugar, en algunos casos y para un mismo contrato, parece haberse detectado a más de un licitador recomendado que aspira a ser adjudicatario. Y es que en esos casos esas empresas, generalmente no eran más de dos, obtenían una elevada y destacada puntuación técnica con respecto al resto de licitadores. Este hecho apuntala la existencia de más de una "ganadería" de privilegiados, como las llamaba la trama.

Además, las fórmulas utilizadas para la valoración de las ofertas permitían que una sobresaliente puntuación técnica pudiera ser suficiente, en la mayoría de los casos, para ganar el concurso, aunque la oferta económica fuera de las peores.

Las tercera característica que ha llamado la atención de la UCO es que el presupuesto de los contratos suele modificarse al alza, casi un 20%, lo que generaba margen potencial que el adjudicatario hiciera una oferta económica competitiva sin pillarse los dedos.

Las propias fórmulas empleadas en las valoraciones de las ofertas son curiosas, hasta el punto de que llevan a muchos licitadores a poder incurrir, supuestamente, en una baja temeraria.

Para colmo, analizados los 21 expedientes de obras del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, por importe superior a 25 millones de euros durante la etapa de Isabel Pardo de Vera, resulta que más de la mitad, un total de once, fueron modificados por un importe total de 68.747.959,15 euros. Y la UCO sospecha que esta cifra albergue un posible pago de mordidas.