
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife (Lanzarote) ha ordenado la puesta en libertad de 44 migrantes que llegaron el pasado viernes al puerto insular a bordo del remolcador Zwever 3, procedente de Senegal. La magistrada Silvia Muñoz Sánchez ha denegado la solicitud de internamiento cautelar formulada por la Subdelegación del Gobierno, al estimar que existen medidas menos restrictivas para garantizar su localización mientras se tramitan sus expedientes.
Solicitud de asilo y marco legal
Todos los comparecientes han solicitado protección internacional, lo que impide su internamiento salvo por motivos de salud pública o seguridad, según la Ley de Asilo. El auto indica que la única obligación será designar un domicilio a efectos de notificaciones y comunicar cualquier cambio.
Origen del caso
El Zwever 3, con bandera de Países Bajos, zarpó el 29 de julio desde Dakar (Senegal) rumbo a Amberes (Bélgica). Durante la travesía, la tripulación halló a 49 personas viajando en un pontón amarrado al remolcador "por motivos de supervivencia". Una vez en aguas cercanas a Canarias, se autorizó el desembarco "por razones humanitarias".
Circunstancias del desembarco
En un primer momento, el armador fue advertido de que, en caso de atracar, debía asumir manutención, alojamiento y billetes de regreso, con una fianza estimada en un millón de euros. Finalmente, la Delegación del Gobierno dio luz verde al atraque en Arrecife. Los migrantes fueron alojados temporalmente en la carpa de asistencia humanitaria instalada en el puerto, donde permanecieron las 72 horas máximas previstas por la ley.
Medidas alternativas y situación de los restantes
La jueza descarta riesgo de fuga o voluntad probada de entrada ilegal, enmarcando el episodio como "rescate humanitario". De los cinco que no pasaron a disposición judicial, uno sigue hospitalizado, dos pidieron asilo en frontera y dos son menores tutelados por la entidad pública de protección.
La decisión se produce en un momento de presión sobre los recursos de acogida en el archipiélago, con más de un millar de menores no acompañados pendientes de reubicación en otras comunidades autónomas, tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha denunciado el "sentimiento de soledad" de las islas ante la actual presión migratoria.



