El Congreso tiene pendiente tramitar más de 30 leyes cuando se retome el curso político en septiembre tras las vacaciones de verano, con la gran incógnita de sí el Gobierno de Pedro Sánchez será capaz de convencer –a cambio de más concesiones- a sus socios separatistas y comunistas para que le aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.
El Congreso tiene sobre la mesa 33 proyectos de ley que se empezarán a tramitar a partir de septiembre. Entre ellos figuran iniciativas en materias como vivienda, sanidad, cultura, regulación de los grupos de interés o la reducción de la jornada laboral. Muchos de estos textos permanecen aún en fase de enmiendas, cuyo plazo finalizará el 3 de septiembre.
La Cámara baja tiene pendiente abordar también la Ley de Familia impulsada por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra, así como la reducción de la jornada laboral, una de las propuestas estrellas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés ha vuelto a adquirir importancia a raíz del caso que involucra al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En el listado de proyectos figuran ya otras iniciativas que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en julio, como el que persigue una mayor inclusión social de las personas con discapacidad y un proyecto de ley orgánica que aplicaría modificaciones al Régimen Electoral General.
En materia de vivienda se debatirá un proyecto con el que se pretende "reforzar la protección" a los deudores hipotecarios, evitando así un posible desalojo. Por otro lado, en sanidad, está a la espera de ser aprobado el proyecto de ley cuyo objetivo es establecer medidas que blinden la universalidad del Sistema Nacional de Salud y ampliar los derechos a la asistencia sanitaria. Y en cultura, se debatirá la aprobación del proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual que busca "fortalecer" las industrias audiovisuales españolas internacionalmente.
Sin presupuestos desde 2023
Pero, en este nuevo curso político, la madre del cordero va a ser los Presupuestos. Se trata del principal desafío del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y es que, Moncloa tiene por delante un gran obstáculo: sus socios. El Gobierno es rehén del separatismo y de las formaciones de Ione Belarra y Yolanda Díaz. En caso de convencer al bloque de gobierno y reunir los apoyos necesarios, Sánchez conseguiría unos nuevos Presupuestos dos años después.
En la rueda de prensa del 28 de julio, durante su balance del curso político, el presidente Pedro Sánchez adelantó su intención de presentar unos nuevos Presupuestos que sustituyan a los de 2023, todavía en vigor tras haber sido prorrogados en dos ocasiones.
Todo apunta a que Sánchez no lo tendrá nada fácil. El separatismo no transmite ninguna confianza y ha mandado varias amenazas a Moncloa en las últimas semanas. Carles Puigdemont, el fugado de la justicia y presidente de Junts, ha advertido de que en otoño ocurrirán cosas "nunca vistas hasta ahora" en relación a su apoyo a Sánchez.
Mientras, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha condicionado su respaldo a la financiación autonómica de Cataluña. De momento, los republicanos ya cuentan con el compromiso del Gobierno de aprobar a principios de septiembre en el Consejo de Ministros la condonación de parte de la deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que pactó con ellos. Sin embargo, no se fían del todo y amenazan al Gobierno con no votarles los Presupuestos. De este modo, Junqueras ve imposibles los presupuestos si Montero "secuestra" la reforma de financiación.
"Excusa para convocar elecciones"
Por su parte, Podemos ya da por "muerta" la legislatura -aunque no dejen caer a Sánchez- y que la intención de enviar a trámite los presupuestos son una "excusa" para convocar elecciones en caso de que estos sean rechazados, en opinión de su portavoz, Pablo Fernández.
En la oposición, el Partido Popular desconfía del anuncio de Sánchez, dado que, según argumentan desde Génova 13, todavía no ha iniciado los trámites necesarios para elaborar las nuevas cuentas, como convocar la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Por eso, la pasada semana el PP presentó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a iniciar a la mayor brevedad posible los procedimientos presupuestarios que deben culminar con la presentación de los presupuestos del próximo año, empezando por aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.