La crisis de los incendios se ha convertido en un motivo más de disputa entre Gobierno y oposición, en medio del creciente hartazgo ciudadano. Como ya ocurriera durante la Dana o el apagón, los reproches entre administraciones por la gestión y la responsabilidad sobre lo ocurrido, han acaparado buena parte de las declaraciones políticas y la atención de los medios. Cuando las llamas estaban todavía en su apogeo, Pedro Sánchez ofreció un pacto de Estado por la emergencia climática que sigue sin concretar.
En medio de las críticas, el presidente interrumpió sus vacaciones en La Mareta y apareció dirigiendo telemáticamente la situación. Se descolgó además con una medida más de carácter ideológico, en lugar de proponer iniciativas concretas de prevención y extinción de incendios. Prometió, además, más efectivos pero días después, las CCAA seguían criticando que todavía no había llegado.
Transcurrido lo peor de la tragedia, aunque hay todavía varios focos activos, el presidente del PP ha arrancado el curso político poniendo sobre la mesa 50 medidas antiincendios que llevará al Congreso de los Diputados para que sean debatidas por los grupos. En paralelo, el Ejecutivo celebra este martes la primera reunión para la comisión interministerial por el pacto de Estado, medida reciclada que ya anunció hace cinco años y no ha puesto aún en marcha.
Las políticas verdes
El anuncio hecho por Feijóo augura el fracaso de un posible acuerdo entre los dos grandes partidos, dada la negativa permanente de Sánchez a negociar nada con el PP y sus intenciones de presentar el pacto de Estado como un motivo más de ruptura con la derecha que permita, a su vez, aglutinar a los socios en torno a su persona. Un intento por rearmar la mayoría parlamentaria en un momento clave de la legislatura, donde la falta de Presupuestos hace presagiar un posible adelanto electoral.
Otro de los motivos por los que el pacto nace muerto es la diferencia de criterio establecido por ambos partidos a la hora de abordar las causas y soluciones a este problema. Sánchez insiste en hablar de cambio climático, sin mayores análisis, mientras que Feijóo pone de relieve la responsabilidad de los pirómanos, la falta de protocolos de coordinación entre administraciones y la ausencia de un listado de medios disponibles para que las CCAA actúen con mayor celeridad.
Además, el PP pide "incentivar la gestión forestal, con apoyo a la planificación y a los aprovechamientos sostenibles: el monte que se utiliza arde menos", algo que contradice las tesis del Gobierno, que sólo culpa a las altas temperaturas, de las que responsabiliza a la acción humana, como causantes de las llamas. Los populares apuestan también por "incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los montes y la prevención de incendios en el Plan Estratégico de la PAC en España".
La limpieza y conservación del campo
Entre otras medidas, reclaman además "modificar la Ley de montes del Estado, como normativa básica, para flexibilizar los aprovechamientos forestales y las agrupaciones forestales, la reducción de combustibles leñosos y los cambios de uso forestal cuyo fin sea la prevención y facilitar la extinción de incendios forestales, siempre que permanezcan en el ámbito agroforestal".
En la misma línea, apuestan por "revisar y reformar la regulación europea que ha
derivado en reducción de cabaña ganadera de extensivo y de la limpieza de montes como complemento al apoyo de los desbroces". Es decir, una revisión integral de las actuales políticas verdes que han perjudicado las condiciones para la prevención y extinción de incendios, justo lo contrario de que lo que pretende promover el Ejecutivo.
El pacto de Estado no tiene ni siquiera garantizado el apoyo de los socios de Sánchez, que no están dispuestos ya a conceder nada sin cobrar por adelantado, y ven cada vez más cerca la posibilidad de ir a elecciones, por lo que van marcando distancias con el Ejecutivo. Misma estrategia que llevan a cabo para aprobar reformas legislativas o los PGE.