El Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene instalado en una anomalía institucional sin precedentes habiendo transcurrido más de dos años de legislatura sin haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado, y gobernando aún con los heredados de la anterior legislatura. El Ejecutivo insiste en su intención de presentar unas Cuentas Públicas "lo antes posible", apuntando al mes de septiembre como marca la Constitución que en su artículo 134, establece con claridad la obligatoriedad de cumplir este trámite tres meses antes de que finalice el año.
Los distintos ministerios aseguran tener su parte del trabajo ya terminada, pero permanecen a la espera de que Junts dé luz verde para activar el proceso. Confían en que la estrategia del Gobierno, que pasa por recomponer relaciones con los independentistas catalanes apoyándose en la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, funcione.
El Gobierno admite que las negociaciones con Junts son "conjuntas" y que el apoyo de sus siete diputados exige contrapartidas en otros ámbitos como la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la amnistía a Puigdemont. No obstante, el Gobierno sostiene que sus posibilidades son limitadas y que no puede dar cumplimiento a todas sus exigencias, tras haber concedido el uso del catalán en la atención al cliente y entregarles el apoyo del Gobierno de coalición para la transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña.
"No tengo información", deslizó el presidente Sánchez al ser preguntado por la reunión celebrada en Suiza, limitándose a esquivar cualquier valoración.
La intención del Gobierno es presentarlos a la mayor brevedad, pero solo cuando tenga los apoyos atados. Una nueva derrota con los Presupuestos no solo evidenciaría la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, sino que confirmaría su incapacidad para gobernar y legislar.
En todo caso, si Podemos y Junts, los principales obstáculos de la legislatura, se mantienen en el 'no', el Gobierno no duda en señalarles como responsables de impedir la aprobación de medidas sociales con mayor dotación presupuestaria. Defiende que los grupos no pueden imponer condiciones y asegura que la prórroga de unos presupuestos no supondría ningún obstáculo para su gestión, dejando claro que la disposición del Gobierno de Pedro Sánchez es mantenerse en el poder.