Como si se tratara prácticamente de ciencia ficción, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un laberinto político que cada vez presenta más peajes y menos salidas. Los Presupuestos Generales del Estado se han convertido en una moneda de cambio que los socios del Ejecutivo pretenden utilizar para imponer sus exigencias. Al Ejecutivo le gustaría que el debate sobre las Cuentas Públicas se abordara de forma individualizada, pero las contraprestaciones exigidas apuntan en múltiples direcciones, como así reconocen, llegando incluso a trascender fronteras, como en el caso de Carles Puigdemont.
Todos los grupos del bloque de investidura han dejado claro que su apoyo no es un cheque en blanco. Los de Yolanda Díaz amagan con presionar a su socio de Gobierno para que los fondos públicos estén volcados en la problemática de la vivienda. Y lo hace como si realmente contemplaran la posibilidad de votar en contra, pese a ser parte del mismo Ejecutivo al que reclaman.
Tras la concesión de la condonación de deuda, con Cataluña como principal beneficiada, ERC admite que los contactos han comenzado de forma discreta, pero ya orienta sus exigencias hacia un modelo de financiación singular y el establecimiento de una Hacienda propia catalana. Un asunto que entra en conflicto con la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero al ser candidata del PSOE en la Junta de Andalucía. En este sentido, desde el Gobierno argumentan que el enfoque adecuado para abordar este asunto debe basarse en la "proporcionalidad" y no en la "exclusividad".
El PNV se ha consolidado como el socio parlamentario más leal al Ejecutivo de Sánchez tras haber sido clave el respaldo socialista para investir al nacionalista Imanol Pradales como lehendakari. El Gobierno ya ha iniciado conversaciones con los de Aitor Esteban que entre las últimas cesiones que han logrado, el traspaso de la gestión de las prestaciones por desempleo.
Bildu, uno de los principales apoyos de Sánchez, también presiona por la transferencia de competencias al País Vasco, además de sumarse a la reivindicación de Puigdemont para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales en la Unión Europea. No obstante, mantiene una postura mucho más moderada, consciente de que la continuidad de la legislatura les resulta beneficiosa.
El principal escollo para el Gobierno se encuentra en Podemos, con quien, según fuentes consultadas por Libertad Digital, aún no han iniciado conversaciones, pese a que sus cuatro votos son tan imprescindibles como los siete de Junts. Al igual que la diputada de Compromís, Águeda Micó, quien decidió abandonar el grupo parlamentario de Sumar para integrarse en el Grupo Mixto, y con la que el PSOE aún no ha establecido contacto.
Los morados no solo exigen el embargo de armas a Israel, un asunto que previsiblemente se abordará en el próximo Consejo de Ministros, sino también la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado presidido por Benjamín Netanyahu y una reducción legal del 40% en el precio de la vivienda. Demandas que el Ejecutivo considera prácticamente "imposibles".
La misma valoración aplican a las peticiones de Junts, aunque intentan mantenerlos satisfechos, defendiendo públicamente, como hizo el presidente en la sesión de control, que la amnistía pueda aplicarse a "todas las personas involucradas en los hechos de 2017", la misma semana en la que el expresidente Zapatero se ha reunido con el fugado, Carles Puigdemont, en Suiza para reconducir las relaciones.