Con dos semanas de retraso, el Consejo de Ministros ha aprobado el embargo de armas a Israel, una de las medidas más simbólica de las nueve anunciadas por el presidente Sánchez coincidiendo estratégicamente con su viaje a Nueva York, donde pretende proyectarse como referente internacional en la defensa de la causa palestina.
El decreto ley aprobado en un Consejo de Ministros presidido por la vicepresidenta primera incluye la prohibición del comercio de material de defensa con Israel. No obstante, se incorpora una cláusula de excepcionalidad vinculada a la defensa del "interés general" y la "seguridad nacional". Desde el Ejecutivo insisten en que estas excepciones serán "puntuales" y subrayan que no se aplicarán a los contratos armamentísticos con Israel ya autorizados, los cuales, aseguran, "van a ser revocados".
En el texto también se incluye "la prohibición de importar productos procedentes de los territorios ocupados ilegalmente por colonos judíos en Cisjordania" y el "bloqueo del tránsito de combustible para aeronaves de las fuerzas armadas israelíes". En Moncloa, el ministro Carlos Cuerpo ha defendido este decreto asegurando que es un paso "contundente y pionero".
La desconfianza ante la ambición de esta medida es ya una realidad. Sumar, ya ha mostrado su desacuerdo con la forma en que el lado socialista del Ejecutivo ha establecido las excepciones. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado que su formación no está del todo conforme con la cláusula de excepcionalidad. Los de Yolanda Díaz no quieren que el embargo de armas sea el final del camino. Exigen ir más allá desmantelando lo que llaman "la economía del genocidio" y romper relaciones diplomáticas con Israel.
Mientras tanto, en Podemos ya han dejado claro que consideran este decreto descafeinado y lo enmarcan dentro de una estrategia puramente electoral. "El gobierno de España ha permitido y ha alentado unas de las relaciones armamentistas más abundantes de la historia con Israel en pleno genocidio y eso lo ha hecho el gobierno de España aunque se envuelva en la bandera de Palestina", ha criticado con dureza la líder morada, Ione Belarra.
Su aprobación en el Consejo de Ministros es el primer trámite, el Gobierno tendrá que lograr una mayoría parlamentaria y el rechazo de Junts podría hacer caer el decreto, igual que ocurrirá previsiblemente esta tarde con el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, que se quedará sin apoyo por el "no" de Podemos. Si en un mes no lo convalidan en el Congreso de los Diputados, el decreto decae.
"Confianza" en la ministra de Igualdad
Cuando aún el presidente del Gobierno no se ha pronunciado sobre esta polémica, pese a atribuirse ser el Ejecutivo "más feminista de la historia", en Moncloa insisten en que la ministra de Igualdad cuenta con toda la confianza del Gobierno y aseguran que no les constan fallos en las pulseras antimaltrato. La ministra portavoz, Pilar Alegría, evita dar cifras sobre el alcance del problema y ha optado por escudarse en el "bulo", a pesar de que ha sido la propia Fiscalía quien, en su memoria, advirtió de que muchas mujeres se han visto afectadas por estos fallos.
Lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno acusa al Partido Popular de explotar electoralmente la polémica y de difundir "bulos vergonzosos y bochornosos" sobre las pulseras. Aun así, reconocen que "la tecnología falla", aunque defienden que los dispositivos actuales son mejores que los anteriores.
David Sánchez en el banquillo
Todas estas polémicas han servido al Gobierno para desviar la atención de la corrupción que lo rodea, justo el mismo día en que la Audiencia Provincial de Badajoz ha procesado al hermano de Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según el auto judicial, existen "indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas".
Junto a él se sentará en el banquillo el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien, tras un repentino aforamiento, al convertirse en diputado autonómico gracias a una cadena de renuncias orquestadas dentro de su partido, intentó trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.