Fernando de Rosa, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha intervenido en el programa La Noche de Cuesta de esRadio para analizar los ataques que ha estado recibiendo el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez. Durante su intervención, ha defendido con firmeza la actuación del magistrado y ha criticado duramente las declaraciones del Gobierno y de algunos de sus miembros.
Cuestionado por Carlos Cuesta sobre si el juez Peinado ha hecho algo fuera de la legalidad, De Rosa ha sido contundente: "Lo primero que me viene a la cabeza es que el Gobierno lo que tiene que tener presente es que menos culpar a la derecha y más estudiar derecho. Y más, el ministro de Justicia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley del Jurado vienen a determinar cómo se tramita estos procedimientos."
En cuanto a las posibles acciones judiciales que Peinado ha emprendido contra miembros del Gobierno, Fernando de Rosa ha recordado la gravedad de las acusaciones: "Es que está acusando de un delito gravísimo, no solamente para cualquier funcionario, sino para cualquier juez. Prevaricar es dictar resoluciones manifiestamente injustas a sabiendas. Y, por tanto, un juez que está tramitando, que está instruyendo, que está aplicando la ley, que ha sido, no olvidemos, su instrucción alterada por los tribunales superiores, no tiene por qué estar soportando esos insultos."
Y ha añadido con rotundidad: "Es que en ningún país democrático se podría tolerar que a un juez que está instruyendo, que está aplicando la ley, se le insulte, se le intente atemorizar, acordaros del tema de los DNIs, de todas esas cosas, atemorizar desde el primer momento para que no instruya. Es que esto no es validable en una democracia. En Venezuela sí, pero aquí, en España no."
En ese contexto, ha advertido de que el desenlace judicial puede ser clave: "Y, por tanto, la puntilla lo tendrá cuando se conozcan los informes de la UCO y también las resoluciones judiciales. Pero es que eso no es extravagante, eso es justicia, eso es derecho, eso es la ley. España es un Estado de Derecho y, por lo tanto, cuando salgan las sentencias, si se condenan o no, eso ya lo verán los tribunales."
Y ha finalizado con un mensaje claro al Ejecutivo: "Realmente no se puede estar acusando a los jueces constantemente de prevaricar porque se están dictando resoluciones que no le gustan a un Gobierno. Eso tiene un tufo autoritario que echa para atrás."