Sumar está acostumbrado a que los siete diputados de Junts tumben sistemáticamente sus iniciativas estrella, como la reducción de la jornada laboral o la creación de una Oficina Anticorrupción. Ante esta realidad y en medio del debate sobre inmigración, los de Yolanda Díaz reclaman al PSOE que adopte un atajo para sortear las trabas parlamentarias para regularizar a medio millón de inmigrantes antes de noviembre. "Las cuestiones técnicas no nos interesan, lo que nos interesa es que se produzca cuanto antes", ha afirmado con rotundidad la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, durante la rueda de prensa.
El socio minoritario del Gobierno aspira a que la regularización de medio millón de personas que ya residen y trabajan en España se materialice antes de que finalice octubre. Aunque la iniciativa no fija plazos concretos, esta intención ya está recogida en la Iniciativa Legislativa Popular que se tramita en el Congreso, pero más de un año después de superar su primer trámite, permanece congelada por la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Conscientes de que el plazo de un mes solo sería viable mediante un decreto extraordinario, en Sumar, sin exigirlo abiertamente, apelan a la "voluntad política" y urgen al PSOE a explorar las "múltiples vías" que tiene a su disposición para hacerlo posible. La fórmula del Real Decreto permitiría sortear el trámite parlamentario, evitando que la norma deba ser aprobada por el Congreso.
Fue precisamente ese el mecanismo utilizado en la última gran regularización, en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó un proceso extraordinario dirigido a inmigrantes residentes en España con contrato de trabajo. En aquella ocasión se presentaron más de 700.000 solicitudes y se concedieron 578.000 autorizaciones de residencia.
Este anuncio llega tras un fin de semana marcado por la presentación del plan de inmigración del Partido Popular, en un acto que la coordinadora de Sumar no ha dudado en calificar como un "cónclave racista". Lara Hernández ha tachado de "miserables" las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, acusándole de "jugar con la vida y la dignidad de cientos de miles de personas como si fueran mercancía electoral".