Pedro Sánchez, una vez más, incumple su palabra y vulnera el mandato constitucional que exige la entrega de las Cuentas Públicas en tiempo y forma, dejando al descubierto una gestión marcada por la inestabilidad institucional. A pesar de ello, en el Gobierno siguen restando importancia a los plazos para presentar los presupuestos cuando el tiempo ya se ha agotado.
Este incumplimiento resulta aún más evidente tras el anuncio del presidente del Gobierno a finales de julio, durante su balance de curso político, en el que se comprometía a presentar los presupuestos de 2026. Un compromiso que reiteró el 1 de septiembre en su primera entrevista del actual curso político.
Con el cierre de septiembre, el Gobierno admite tácitamente que presentar y aprobar la senda de estabilidad, y posteriormente las Cuentas Públicas en el Congreso de los Diputados, antes del 31 de diciembre, resulta inviable. Ello abocaría a una nueva prórroga automática evidenciando una vez más la incapacidad del Ejecutivo para cumplir con los plazos constitucionales y compromisos presupuestarios. En este escenario, el Gobierno se prepara para afrontar el próximo año con los mismos Presupuestos Generales que han estado en vigor durante 2023, 2024 y 2025, prolongando una vez más la continuidad de unas cuentas que pertenecen a la legislatura pasada.
Fuentes gubernamentales ya comienzan a poner el foco en el primer trimestre del año, mientras insisten en que están hablando con los grupos "para saber si apoyan la senda de estabilidad", aunque por ahora las conversaciones con Podemos no avanzan como al Ejecutivo le gustaría. "Esperamos poder seducirlos con las partidas presupuestarias", aseguran fuentes gubernamentales ante la postura de máximos de los morados.
La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que, si no aprueban la senda de estabilidad los grupos parlamentarios, "volveremos a llevarla y, una vez que por dos veces según la ley orgánica no se aprueben, utilizaremos los objetivos de estabilidad que tengamos previstos".
El Gobierno se queda sin argumentos para justificar su reiterado incumplimiento de lo que establece la Constitución. Fuentes del Ejecutivo invitan a "adaptar la interpretación" de la Constitución, que establece el 30 de septiembre como la fecha límite para que el Gobierno lleve al Congreso los Presupuestos del año siguiente, a la fragmentación que impera en la Cámara Baja, dejando al descubierto su falta de responsabilidad y de voluntad para respetar los plazos legales.
El rechazo de la senda de estabilidad no resulta "impeditivo" para la posterior elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, pero desde el Ejecutivo advierten que "si no te aprueban la senda, mejor para la Administración Central y peor para las autonómicas", dando así un toque de atención a sus socios de investidura y al Partido Popular, que preside la mayoría de las comunidades autónomas, con la intención de provocar una reacción parlamentaria.