Es un hecho innegable que, tras el anuncio de la ruptura de Junts con el bloque de investidura, cualquier iniciativa que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros y deba posteriormente superar el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados está condenada al fracaso. Entre ellas se encuentra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El titular de Justicia ha precisado que la norma, que ha calificado como "histórica", pretende que sean los fiscales quienes asuman la instrucción de las causas judiciales, poniendo fin a una competencia que desde 1882 corresponde a los jueces. La propuesta irrumpe en un contexto especialmente comprometido para el Gobierno de Sánchez, cercado por acusaciones de corrupción y diversas tramas en los juzgados. Un movimiento que, según las asociaciones de jueces, podría interpretarse como una injerencia política en el poder judicial, pero que el Ejecutivo reivindica con una lógica "garantista", "modernista" y "europeísta". "Poner en cuestión la profesionalidad y la imparcialidad del Ministerio Fiscal me duele, pero sobre todo dolerá a los fiscales cuando escuchen este tipo de críticas", ha replicado Bolaños en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Con esta medida, de prosperar, la instrucción pasaría a depender de los fiscales, que en un modelo jerárquico como el del Ministerio Fiscal responden al fiscal general del Estado, estrechamente vinculado al Gobierno. Aunque la norma permitirá ampliar el mandato del fiscal general del Estado a cinco años, con la voluntad de que no coincida con el Gobierno.
Según Bolaños, esta norma no entraría en vigor hasta enero de 2028 y no afectará a las causas judiciales abiertas. "Esta norma mejora el proceso penal, agiliza, lo homogeneiza con Europa, nos hace una norma más garantista", ha defendido, añadiendo que es "una ley de país que podría estar en vigor más de un siglo".
Desde el Gobierno aseguran que entablarán diálogo con todos los grupos parlamentarios para que la medida prospere y no caiga en saco roto. Sin embargo, las tensiones no se limitan ya a Junts: su propio socio en el Ejecutivo, Sumar, ha expresado su malestar con la decisión de restringir la figura de las acusaciones populares, excluyendo a los partidos políticos. Fuentes de Sumar rechazan la propuesta de reforma y anticipan que "trabajarán para su fortalecimiento, así como para introducir más previsiones garantistas en la ley".