Precisamente el día, 17 de noviembre, en que la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, declara ante el juez que la investiga por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles dentro de la cloaca socialista, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado a las comunidades autónomas para dar inicio al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
Un proyecto que, dada la fragilidad parlamentaria del Gobierno y la reciente ruptura con Junts, parte con escasas posibilidades de obtener los apoyos necesarios. Aun así, el Ejecutivo está dispuesto a presentarlo para, al menos, monopolizar el foco mediático y relegar a un segundo plano los casos que lo acorralan y que avanzan en los tribunales.
La intención del Gobierno es que, tras la reunión con los consejeros territoriales, el Consejo de Ministros apruebe la senda de estabilidad, de modo que la votación de los objetivos pueda celebrarse en la última semana de noviembre. No obstante, fuentes gubernamentales admiten que no pueden garantizar la presentación de las Cuentas Públicas antes de que termine el año.
En el Gobierno dan prácticamente por hecho que la senda fiscal será rechazada en el Congreso. Aun así, no les preocupa ya que tras las dos votaciones previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, su plan es elaborar los Presupuestos sobre la base del marco fiscal del año anterior. Con ello, el Ejecutivo aspira a estirar los plazos y ganar margen para negociar con sus socios mientras opera sin nuevas cuentas, proyectando la apariencia de actividad y tratando de contener el impacto de los titulares que puedan generar la causa del fiscal general del Estado, ya vista para sentencia, el juicio contra la 'fontanera' del PSOE y el del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, previsto para mediados de febrero.
Los socios del Gobierno tienen claro que no están dispuestos a ofrecer sus apoyos a cambio de un cheque en blanco y que forzarán al máximo las negociaciones para arrancar los compromisos que Pedro Sánchez les puso sobre la mesa en los acuerdos de investidura. En este tablero, Podemos y Junts se erigen como los interlocutores más difíciles, justo cuando, hace apenas unos días, el partido de Carles Puigdemont trataba de convencer a su electorado de que la relación con el Ejecutivo estaba rota y sin retorno. Una afirmación que quedó en evidencia pocas horas después, cuando Junts salvó al Gobierno al abstenerse en una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible destinada a prolongar la vida útil de centrales nucleares como la de Almaraz.