La ofensiva del Gobierno contra el TS cimenta su alianza con los socios

El Gobierno ha decidido no respetar la institucionalidad tras la condena por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Aunque desde Moncloa afirman "respetar" el fallo, han escalado verbalmente contra el Supremo calificando su decisión de "vergonzosa" y sugiriendo que responde a intereses partidistas dentro del poder judicial. En este contexto, el Ejecutivo asegura sentirse "indefenso" y pasa a actuar en modo de autodefensa institucional.

En este escenario adquiere especial relevancia la designación de quien asumirá el testigo de García Ortiz. En los círculos gubernamentales se da por descontado que la elección está ya perfilada, pero Moncloa mantiene el hermetismo.

La intensidad del choque institucional va en aumento aun cuando García Ortiz no ha cesado de su puesto como fiscal general del Estado. La sentencia llega en un momento delicado para el Gobierno, marcado por diversas causas judiciales que afectan a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, así como por procedimientos abiertos que afectan al partido y a familiares del presidente del Gobierno. Aun así, este fallo, histórico por tratarse de la primera condena a un fiscal general del Estado, ha servido para reordenar y reforzar las alianzas entre los socios parlamentarios.

Con la agenda judicial presionando, la relación con Junts en el aire y el ciclo electoral aproximándose, el Gobierno ha encontrado en la confrontación con el poder judicial un punto de cohesión con sus aliados. Marcar una postura firme frente a la Justicia ha servido al Gobierno para sellar complicidades que se habían debilitado, aunque no roto.

El bloque de investidura no solo rechaza el fallo, sino que lo denuncia abiertamente como un "combate" lanzado por el poder judicial. Desde ERC, Sumar, Podemos, Bildu o Compromís han cuestionado abiertamente la causa, calificándola de "golpe judicial", "político" y "construida sobre meras sospechas" y restando legitimidad al trabajo de los jueces que han condenado al fiscal general del Estado. También el PNV, tras aparecer en el informe de la UCO exigiendo puestos a cambio de apoyo, cierra filas con Sánchez mostrando su "perplejidad" con la condena apoyando la versión de Moncloa.

De forma unánime, los partidos de izquierdas se han lanzado a la ofensiva, aprovechando además para arremeter contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, desviando el debate hacia el ‘lawfare’ y presentándolo como un nuevo golpe dirigido al presidente del Gobierno.