La persecución a los magistrados del Supremo que han condenado, por cinco votos a dos, al fiscal general del Estado ha vivido este jueves un nuevo episodio realmente llamativo: el abogado y eurodiputado de los Comunes, Jaume Asens, ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el presidente de la Sala Penal de este organismo, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos, el mismo por el que un tribunal presidido por el propio Martínez Arrieta ha condenado al fiscal general del Estado.
La acción judicial se basa en un episodio que ya había saltado a los medios y generado una cierta polémica: lo ocurrido el pasado 18 de noviembre, cuando Martínez Arrieta estaba impartiendo un curso en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Según argumentan los Comunes, en este acto y "en pleno período de deliberaciones sobre la sentencia del fiscal general del Estado", el magistrado se despidió diciendo "acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado". El grupo político asegura que Martínez Arrieta pronunció "en tono jocoso y seguida de risas del público". Según la querella, esto "constituye una revelación explícita de información reservada" sobre tres cuestiones: "el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo".
Los redactores de la querella aseguran que el público que estaba presente "interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia" y no solo eso, sino que estaban también en la cabeza del magistrado, pues afirman que "era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística".
La querella también señala la participación de los magistrados en los cursos del ICAM, que actuaba como acusación particular en el juicio al fiscal general. A pesar de que se trate de formaciones para abogados de oficio, según los Comunes, "no resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelación practicada".