El Gobierno desbarra al justificar la comida de Alegría con Salazar: "Hasta a un amigo se le lleva tabaco a la cárcel"

El Ejecutivo de Pedro Sánchez da la impresión de desmoronarse desde dentro, tratando de contener un tsunami que amenaza con arrastrarlo. Los casos de acoso sexual en Moncloa y en el PSOE junto a los frentes judiciales copan la agenda ante un Gobierno que opta por trivializar.

El continuo goteo de denuncias por supuesto acoso primero contra el exasesor de Sánchez en Moncloa, Paco Salazar, el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, y el miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, no ha desmarcado a la imagen de aquella comida con Salazar en un restaurante de Madrid, que Alegría había intentado encuadrar inicialmente en el terreno estrictamente "personal" y que se producía a sabiendas de las denuncias por acoso sexual registradas por militantes socialistas en los canales internos del partido.

Tras arrepentirse y decir que "fue un error, no debió haberse producido", consciente del daño que puede suponer a la ministra portavoz y líder del PSOE en Aragón en el electorado femenino, teniendo en cuenta que lo más probable es que sea el próximo escenario de una cita electoral. A pocas horas de que la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presente el informe sobre las denuncias contra Salazar, en el que el partido prevé cambios en el protocolo antiacoso tras admitir que "falló", en el Gobierno ya dan el asunto por zanjado, pese a la tensión y a la brecha interna que ha generado en las filas socialistas.

En Moncloa llaman a la crítica proporcionada bajo un refrán muy desafortunado. "Hasta a un amigo se le lleva tabaco a la cárcel", han pronunciado fuentes gubernamentales defendiendo que se le pueda tender la mano en los peores momentos a un miembro de Moncloa al que se le ha acusado por acoso sexual. "Siempre creo en la reparación aunque sean personas asesinas", reflexionaban estas mismas fuentes en un momento especialmente inoportuno con el exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor en prisión provisional y la detención de la ‘fontanera’ del partido, Leire Díez, bajo investigación por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos.

Un jueves negro para Moncloa que se saldó con la detención también de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y de Antxón Alonso, socio empresarial de Santos Cerdán en la trama. También con el arresto al presidente y al CEO de Plus Ultra, un asunto por el que se le preguntó en los pasillos del Congreso, a la entrada del acto de presentación del libro de discursos parlamentarios del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. "No", respondió tajante al ser preguntado por si teme que estas detenciones le puedan afectar.

En el Gobierno siembran dudas sobre que las presuntas irregularidades atribuidas a Vicente Fernández, estrecho colaborador de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía, se circunscriban a su etapa al frente de la SEPI. Moncloa se refugia en el secreto de sumario para evitar pronunciarse con mayor precisión, mientras el caso crece y la presión política se intensifica.

Además, ante el informe de la UCO que señala que la trama de hidrocarburos habría pagado al exministro Ábalos casi un millón de euros, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no respondió y se limitó a felicitarse por las votaciones parlamentarias, sin hacer mención a la derrota sufrida en la segunda votación de la senda de déficit, en la que Pedro Sánchez estuvo ausente.